CIUDAD DE MÉXICO.- El Paquete Económico 2026 presenta una de las revisiones fiscales más ambiciosas de los últimos años. Además de priorizar gasto social y proyectos de inversión, el Gobierno de México propone endurecer los tributarios sobre productos ligados a problemas de salud pública: bebidas azucaradas y tabaco. 

Sin embargo, la estrategia abre un abanico de preguntas sobre si el aumento de estos impuestos se verá realmente reflejado en mejores indicadores de salud, tomando en cuenta que México se encuentra entre los principales consumidores de estas bebidas. 

De acuerdo a la Secretaría de Salud, en el país, alrededor del 70% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad. Además, el 40% de los niños y adolescentes también se ven afectados por esto, siendo el consumo excesivo de bebidas azucaradas como refrescos y jugos industrializados una de las principales causas. 

Aunque el Gobierno ha adoptado medidas como el etiquetado obligatorio de alimentos con alto contenido calórico, en estados como Chiapas, la ingesta de refrescos se estima en poco más de 821 litros al año por cada habitante, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (Cimsur), aumentando con esto el riesgo de padecimientos como la diabetes. 

Más allá de las cifras oficiales, parece haber un escepticismo entre cierto sector de la población sobre los nuevos “impuestos saludables”, pues estos productos forman parte del consumo cotidiano de millones de mexicanos. 

“Yo consumo poco refresco, quizás una vez a la semana, pero yo creo que en la actualidad en México las personas lo consideran parte de su canasta básica y sí pagarán más por sus refrescos”, comparte Sandra de 25 años, habitante de la ciudad de México. 

“Esta mal que consumamos refrescos, pero también la mercadotecnia nos hace comprar y no creo que lo podamos dejar”, agrega Nayeli de 42 años, quien acepta consumir al menos dos de estas bebidas a la semana. 

La polémica no es menor, el precio de los refrescos pasará de 1.6451 pesos a 3.0818 pesos por litro. Sin embargo,el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, compartió que países como Reino Unido, Sudáfrica y Chile han demostrado que estas políticas pueden reducir considerablemente el consumo de azúcar. 

En el país, la primera experiencia de gravar estas bebidas ocurrió en 2014. Aquella vez, el incremento fue de apenas un peso por litro y estudios posteriores demostraron que los hogares de menores ingresos redujeron su compra de refrescos en mayor proporción.

Hoy, con el ajuste fiscal de 2026, el Gobierno busca profundizar en esa misma línea, destinando lo recaudado a programas de prevención y a un fondo específico para el sistema de salud. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, más de 40 mil millones de pesos podrían dirigirse a fortalecer hospitales y servicios médicos en comunidades marginadas.

La medida no deja de generar resistencias, sobre todo en regiones donde los refrescos son parte del día a día: “sé el daño que ocasionan las bebidas, pero creo que uno acepta las consecuencias”, señala Omar de 22 años, quien admite consumir al menos un refresco al día, asegurando además que no dejará de consumir estas bebidas: “aunque suban los precios creo que seguiremos consumiendolos, porque no lo podemos dejar”.