CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló ante legisladores que ocho agentes aduanales concentraron la importación de grandes volúmenes de combustibles al país, generando pérdidas millonarias al fisco. Erick Jiménez Reyes, administrador General de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, explicó que el organismo detectó irregularidades graves en el manejo de las patentes y en la supervisión de mercancías.

Durante una reunión con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Jiménez sostuvo que el fraude fiscal en aduanas es un problema de seguridad y soberanía nacional. Detalló que de los 860 agentes aduanales registrados, más de 500 presentan operaciones irregulares y 84 se encuentran vinculados a prácticas altamente riesgosas. “Y de los 800 agentes que quedan, hicimos un análisis de riesgo y se detectó que 500 tienen operaciones irregulares y de éstos, 84 tienen operaciones extremadamente sensibles y vulnerables”, precisó.

El funcionario agregó que la revisión también evidenció abusos en el uso del programa IMMEX, diseñado para importar insumos sin pagar impuestos. En muchos casos, se detectó la entrada de productos terminados como electrodomésticos y juguetes bajo pedimentos de materias primas. Incluso, señaló que varias de estas mercancías terminaron en Tepito sin cumplir con la transformación requerida.

Por su parte, Marín Mollinedo advirtió que los agentes aduanales “se han confabulado con los importadores para evadir el fisco y fomentar el contrabando”. Recalcó que la concesión de las patentes aduanales implica una responsabilidad de verificación que muchos no cumplen, permitiendo operaciones fraudulentas.

El subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma Cotera, destacó que la evasión fiscal en aduanas ha golpeado sectores productivos clave, como la industria textil y del calzado, que hoy están prácticamente desmantelados. “La realidad supera a la ficción en términos de las operaciones de evasión”, expresó.

La reforma a la Ley de Aduanas, propuesta por el Ejecutivo, plantea limitar la vigencia de las patentes a diez años renovables, establecer certificaciones periódicas y responsabilizar legalmente a los agentes aduanales de las irregularidades detectadas. No obstante, algunos diputados ya preparan reservas para ampliar ese plazo a 15 años.

En el encuentro también se denunció la presión de cabilderos del sector, quienes han asistido sin invitación a reuniones legislativas. El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, subrayó que el Congreso escuchará a todas las voces, pero insistió en que la prioridad es reforzar la lucha contra la corrupción, el contrabando y la evasión fiscal en las aduanas.