CIUDAD DE MÉXICO.- El Juzgado 16 de Distrito en materia penal con sede en la capital del país negó la suspensión definitiva solicitada por el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien alegaba riesgo de tortura o incomunicación en caso de ser detenido. El marino enfrenta una orden de aprehensión por su presunta implicación en una red de huachicol fiscal que introducía combustible ilegal desde barcos provenientes de Estados Unidos hacia México.

La autoridad judicial admitió a trámite el recurso promovido por Farías Laguna, actualmente prófugo de la justicia, pero determinó que no aportó pruebas que acreditaran posibles actos de tortura o incomunicación. En la resolución, el juez José Elías Pacheco Martínez subrayó que “el quejoso no aporta siquiera información indiciaria de la que se advierta que en caso de que se ejecuten en su contra los mandamientos privativos de libertad reclamados será incomunicado y torturado, en su caso, será objeto de tratos crueles inhumanos y degradantes o desaparición forzada de personas”.

El contralmirante ha presentado dos juicios de amparo. En uno de ellos obtuvo una suspensión que le permite acudir a la audiencia inicial programada para el próximo 2 de octubre en el Centro Federal de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, Estado de México. En esa diligencia, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) le imputará ser parte de la estructura de huachicol fiscal en la que también figuran su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías, otros mandos de la Secretaría de Marina-Armada de México y personal de aduanas.

Las investigaciones señalan que 14 personas, incluidos funcionarios y representantes de empresas aduaneras, ya fueron detenidas y vinculadas a proceso. En el caso de Farías Laguna, se estableció que cuenta con cinco días hábiles para cubrir una garantía económica de 50 mil pesos. Asimismo, la audiencia relativa a este juicio de amparo fue fijada para el 5 de noviembre a las 11:30 horas.

El caso de huachicol fiscal ha destapado una red que involucra a mandos navales y funcionarios civiles, lo que refuerza la trascendencia de este proceso judicial y el papel de las instituciones encargadas de investigar los delitos relacionados con el tráfico ilegal de combustibles.