CIUDAD DE MÉXICO.– Senadores de Morena y aliados defendieron el pasado miércoles frente al Senado las reformas a la Ley de Amparo al asegurar que no debilitan el juicio de garantías ni afectan a las minorías, como sostiene la oposición. Enrique Inzunza Cazarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, afirmó que los cambios buscan agilizar el acceso a la justicia y eliminar abusos en procesos financieros.

Asimismo, el legislador morenista respondió a señalamientos del PRI y PAN, que advierten que la autoridad podrá congelar cuentas bancarias sin opción de amparo. Inzunza Cazarez aclaró que la suspensión se mantiene, pero con límites en casos sensibles como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o deuda pública, lo que garantiza que los recursos ilícitos no regresen a delincuentes.

Precisó que la reforma elimina la suspensión provisional en cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para evitar que dinero del crimen organizado se devuelva automáticamente. En cambio, la suspensión definitiva se otorgará si se demuestra que los recursos son lícitos en un plazo máximo de tres días, garantizando así la protección ciudadana sin afectar la estabilidad del sistema financiero.

Los legisladores también defendieron que no habrá suspensiones automáticas para retrasar pagos de impuestos ni para blindar intereses de grandes contribuyentes. Ana Lilia Rivera Rivera resaltó que debe prevalecer el interés social y el orden público, evitando que el amparo obstaculice políticas públicas o sirva como escudo de grupos privilegiados.

Por su parte, Geovanna Bañuelos de la Torre subrayó que los amparos colectivos no desaparecen, pues la ley mantiene la posibilidad de que comunidades indígenas, colectivos vecinales o grupos sociales recurran al juicio de garantías en defensa del medio ambiente, la salud y los derechos laborales, garantizando un acceso equitativo a la justicia.