CIUDAD DE MÉXICO.- Tras un intenso debate que se prolongó por casi siete horas, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Federal de Derechos, que contempla incrementos de hasta 100 por ciento en diversos cobros gubernamentales. Con 352 votos a favor de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 133 en contra de la oposición, la minuta fue turnada al Senado para su ratificación.

Entre los nuevos derechos establecidos, destaca el cobro de 297.89 pesos por visitas a embarcaciones en navegación de altura, como los cruceros, y el pago de 294.01 pesos por la autorización de salida del país de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se aprobaron aumentos en trámites migratorios para extranjeros y en tarifas de ingreso a sitios turísticos y museos federales, donde los incrementos superan el 100 por ciento.

La Ley Federal de Derechos también ajusta los costos en servicios de verificación aeronáutica: los vuelos de inspección de ayudas a la navegación aérea subirán de 134 mil a 211 mil 618 pesos por hora, un alza del 57 por ciento. A su vez, los certificados de capacidad y licencias del personal aeronáutico aumentarán hasta 20 por ciento, los de aeronavegabilidad 32 por ciento, y los servicios de inspección financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tendrán un incremento del 16 por ciento.

Más de 60 oradores presentaron reservas que fueron rechazadas en medio de reclamos de la oposición, que denunció que las reformas vulneran el principio de proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31 de la Constitución. La diputada priista Marcela Guerra sostuvo que los incrementos en materia migratoria implican un “encarecimiento desproporcionado que convierte un derecho en un privilegio al alcance de quien puede pagar”.

Por su parte, la legisladora morenista Petra Romero defendió la actualización argumentando que “no solo es necesaria sino urgente para garantizar certeza y coherencia jurídica”, aludiendo a las modificaciones en telecomunicaciones y aviación.

Con esta reforma, el Gobierno de México busca fortalecer la recaudación y modernizar los servicios públicos, aunque el debate político sobre su impacto económico promete continuar en el Senado.