CIUDAD DE MÉXICO.- Los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM en el Senado destacaron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga a Grupo Salinas a cubrir más de 48 mil millones de pesos, al considerarla un parteaguas contra los privilegios empresariales que operaron durante décadas. El pronunciamiento, encabezado por el coordinador morenista Adán Augusto López Hernández y la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, subrayó que se trata de un dictamen “emblemático” que deja atrás influencias y retrasos que mantuvieron el caso estancado por años.

Los legisladores afirmaron que la sentencia, emitida por una Corte “electa democráticamente por el pueblo”, marca un precedente decisivo al recuperar para el erario recursos que, señalaron, podrán traducirse en beneficios sociales como pensiones, programas de apoyo y becas. Aunque evitaron mencionar directamente a Ricardo Salinas Pliego, subrayaron que esta resolución confirma que el máximo tribunal “falla a favor del pueblo” y deja atrás la etapa en que la justicia operaba con sesgos en favor de grandes corporativos.

Entre los argumentos expuestos, resaltaron que esta decisión abre la puerta para desahogar otros litigios prolongados que permanecieron archivados durante años. Los senadores del bloque mayoritario enfatizaron que “por encima de la ley, nadie y al margen de la ley, nada”, en referencia a la postura oficial de combatir la evasión fiscal y cerrar espacios a prácticas privilegiadas. La única excepción fue Luis Armando Melgar, del PVEM, quien no se sumó al posicionamiento debido a su pasado como directivo de TV Azteca.

Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, difundió un mensaje en redes sociales en el que celebró que el fallo que obliga al empresario a cubrir sus adeudos demuestra que “la aplicación de la justicia es pareja para todos”. Esta reacción refuerza la narrativa de que el dictamen representa un avance significativo para la justicia fiscal en México. La keyphrase sentencia de la SCJN se vuelve central en el debate público, ya que la sentencia de la SCJN es vista como un giro institucional hacia la rendición de cuentas y la equidad.