CIUDAD DE MÉXICO.- En la región huasteca de Hidalgo abrió sus puertas la primera oficina especializada de la Defensoría Pública Federal orientada a pueblos indígenas y afroamericanos, un hecho que marca un punto de partida en la construcción de una justicia más cercana y respetuosa de las identidades culturales. El acto fue encabezado por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, acompañado de integrantes del Órgano de Administración Judicial.

Durante su intervención, el también titular del Poder Judicial de la Federación destacó que este espacio representa un paso decisivo en la historia jurídica del país, al recordar que, por mucho tiempo, los pueblos originarios quedaron al margen de sus derechos. Subrayó que, a partir de la reforma del 30 de septiembre de 2024, comenzó un cambio normativo que reconoce plenamente su calidad jurídica. En ese sentido, Aguilar afirmó que esta sede abre “un nuevo frente, una nueva perspectiva: la de ser defensores del pueblo”, al consolidar un modelo de atención incluyente dirigido a las comunidades de la Sierra y la Huasteca hidalguense.

A lo largo del evento se explicó que la Defensoría Pública Federal indígena no solo brindará asesoría legal, sino también servicios de traducción, acompañamiento cultural y orientación integral. Catalina Ramírez Hernández, integrante del OAJ, detalló que esta sede está diseñada para reducir las barreras lingüísticas y sociales que históricamente han dificultado el acceso a la justicia. Al respecto, sostuvo que “no es solo una oficina, es un puente entre el Estado y la población”, una frase que resume la intención de atender a quienes enfrentan procesos legales sin contar con herramientas culturales o idiomáticas.

Por su parte, el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Benjamín Rubio Chávez, recordó que la demora judicial afecta gravemente los derechos de las personas y advirtió que la distancia cultural también puede anular el ejercicio pleno de la justicia. En su mensaje, reconoció el trabajo de quienes han defendido a los pueblos originarios con compromiso y profesionalismo, y convocó a la ciudadanía a hacer uso de esta nueva oficina al afirmar: “Esta es su casa… Estamos para servirles”.

La creación de esta Defensoría Pública Federal indígena responde a la necesidad de garantizar un acceso efectivo a la justicia. Además, introduce una política pública que busca cerrar brechas históricas y ofrecer condiciones equitativas para comunidades que han vivido en desventaja. Con ello, se sientan las bases para que la Defensoría Pública Federal indígena se convierta en un modelo nacional de atención con enfoque cultural y comunitario, fortaleciendo el Estado de derecho y promoviendo una justicia verdaderamente incluyente.