CIUDAD DE MÉXICO.– En los últimos meses, el sector agrícola mexicano ha experimentado crecientes conflictos. Productores de maíz, limón, aguacate y otros cultivos han protagonizado protestas con bloqueos para visibilizar sus demandas. Si bien el Gobierno ha atendido estos llamados, tales eventos revelan una crisis estructural en el campo y, sobre todo, en la cosecha de maíz, que representa un cultivo clave para México, siendo la base alimentaria de gran parte de la población y un pilar fundamental en la economía nacional.

A finales de octubre, un paro nacional de productores afectó a más de 17 estados con concentraciones significativas en Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato e Hidalgo. Entre otras demandas, los agricultores de maíz y trigo exigían un precio de garantía de 7, 200 pesos por tonelada. Tras mesas de negociación, el Gobierno acordó otorgar un apoyo extraordinario de $950 pesos por tonelada de maíz blanco, además de otros programas de apoyo al campo. 

No obstante, esta semana volvieron a levantarse en protestas (esta vez en unión con transportistas) para exigir más seguridad en las carreteras; la exclusión de los granos básicos y la oleaginosas en la próxima negociación del tratado de libre comercio; la revisión de la Ley de Aguas y, una vez más, precios de garantía, entre otras cosas. 

Y es que para los productores sembrar maíz se ha vuelto insostenible. De acuerdo con el Grupo Consultor del Mercado Agrícola (GCMA), los costos de producción del maíz en los últimos años aumentaron hasta 46% por el alza en fertilizantes, diésel y semillas. Por ello, exigen un precio de garantía mayor al que el Gobierno les ha ofrecido, pues, según el comité estatal de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), cosechar maíz cuesta 65 mil pesos por hectárea.

Pero la solicitud enfrenta una realidad compleja. México es un gran productor de maíz, con una cosecha promedio que supera las 27.5 millones de toneladas anuales, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Este alto volumen de producción, particularmente en estados como Sinaloa (el mayor productor de maíz blanco), ejerce una presión a la baja sobre los precios al mayoreo.

La problemática se profundiza con la falta de infraestructura. Al carecer de suficientes centros de acopio o silos accesibles en sus regiones, los productores se ven forzados a vender su cosecha inmediatamente, obligándolos a aceptar los precios más bajos del ciclo agrícola. 

Esta urgencia por obtener liquidez los deja en una posición de clara desventaja y vulnerabilidad frente a los grandes compradores industriales y comercializadores, quienes, al contar con su propia infraestructura de almacenaje, pueden esperar hasta que los precios se recuperen para realizar sus compras o procesar el grano.

Además, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) añade otra capa al conflicto. México depende cada vez más de importaciones de maíz, especialmente amarillo, que llega a precios mucho más bajos. Esta competencia golpea a los agricultores nacionales, que trabajan con menos tecnología y condiciones climáticas adversas. 

De acuerdo con el GCMA, México importó más de 21.2 millones de toneladas en los primeros diez meses de este año, referenciadas en la Bolsa de Chicago, a precios imposibles de igualar para productores nacionales. Los productores señalan que el problema no es solo el precio de compra, sino el desequilibrio estructural del mercado, donde las importaciones baratas y la capacidad de almacenamiento de las empresas marcan la pauta.

De esta suerte, el Gobierno Federal sigue trabajando con mesas de diálogo permanentes para abordar las diversas demandas del sector. Tras los bloqueos de esta semana, Segob ha logrado algunos acuerdos con agricultores y transportistas que permitieron levantar los bloqueos que se mantenían desde el lunes en diversos puntos de las carreteras del país. 

No obstante, fijar un precio de garantía en 7, 200 parece justo para los agricultores, pero un reto para el comercio. Especialistas advierten que esto podría desestabilizar el mercado, generar presiones fiscales y afectar industrias como la pecuaria. Además de incentivar mayor producción en un sistema ya saturado. El equilibrio es complejo: proteger el ingreso sin romper las dinámicas nacionales e internacionales del maíz.