CIUDAD DE MÉXICO.- La titular del Ejecutivo federal informó que el Gobierno de México pondrá en marcha un esquema integral de investigación y sanción para erradicar prácticas de extorsión contra personas migrantes, tras la difusión de un video que exhibe a un agente del Instituto Nacional de Migración solicitando dinero a connacionales que viajaban de Estados Unidos hacia territorio mexicano.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta explicó que el caso detonó una revisión inmediata de los protocolos del INM. Detalló que se instruyó a la Secretaría de Gobernación y a la dirección del propio instituto a esclarecer los hechos y actuar con firmeza. Como resultado preliminar, uno de los agentes involucrados fue separado de su cargo y quedó sujeto a un proceso de investigación administrativa.

La mandataria subrayó que el combate a la extorsión a migrantes será una prioridad institucional. Señaló que el nuevo esquema contempla mecanismos de supervisión, investigación y castigo para quienes incurran en abusos de autoridad, con el objetivo de garantizar un trato digno y legal a quienes transitan por el país.

Tras la circulación del video, el INM reconoció que los hechos ocurrieron en instalaciones del puente internacional Puerta México, en Matamoros, Tamaulipas. En un comunicado, el organismo confirmó que los servidores públicos señalados fueron separados de sus funciones y que el Órgano Interno de Control fue notificado para determinar las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, el instituto informó que presentó las denuncias ante la Fiscalía General de la República contra los agentes involucrados y contra quien resulte responsable, con el fin de que las conductas sean investigadas también en el ámbito penal.

En su posicionamiento oficial, el INM reiteró que el Gobierno de México mantiene una política de cero tolerancia frente a actos ilegales cometidos contra connacionales o personas extranjeras. La administración federal sostuvo que erradicar la extorsión a migrantes es una condición indispensable para fortalecer la confianza institucional y garantizar el respeto a los derechos humanos en los puntos de control y tránsito del país.