CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Economía Circular, una nueva norma orientada a prolongar la vida útil de los productos, reducir la generación de residuos y fortalecer su recuperación, aprovechamiento y valorización en todo el país.

Con la entrada en vigor del decreto, la economía circular en México se consolida como un eje de política pública que obliga a coordinar acciones entre la Federación, los estados, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. El Ejecutivo federal contará con un plazo de 180 días naturales para emitir el o los reglamentos que permitan la aplicación integral de la ley.

Como parte de este marco, se establecerá el Sistema Nacional de Economía Circular, que operará bajo la conducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En este órgano participarán dependencias clave como Economía, Hacienda, Energía, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, así como Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Cada entidad federativa estará representada por la persona titular del área ambiental correspondiente.

Además, la ley prevé la elaboración de un Programa Nacional de Economía Circular, cuyo objetivo será articular políticas públicas, subprogramas y proyectos alineados con este modelo. Dicho programa deberá publicarse en el DOF en un plazo máximo de 180 días naturales posteriores a la difusión del reglamento de la norma.

Otro de los componentes centrales es la creación de un distintivo nacional que permitirá identificar productos que cumplan con los principios de la economía circular en México. Este sello ofrecerá información clara, verificable y accesible para las personas consumidoras y tendrá una vigencia de tres años, con opción de renovación.

En materia de disposición final de residuos, los rellenos sanitarios autorizados deberán iniciar un proceso gradual de reconversión para disminuir el volumen de desechos enviados a confinamiento. Este proceso se desarrollará en un plazo de hasta cinco años, con posibilidad de prórroga en casos específicos, con el fin de integrarlos al Modelo Nacional de Economía Circular.

El decreto también contempla reformas y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con el propósito de armonizar el marco legal y fortalecer la transición hacia un esquema productivo más sostenible.