CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario Ricardo Salinas Pliego desistió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del último amparo que mantenía activo contra un crédito fiscal superior a 645 millones de pesos, promovido por su empresa Totalplay. Con esta decisión, quedó sin pendientes el conjunto de litigios fiscales del grupo en el máximo tribunal del país.

El retiro del recurso se da después de que Grupo Salinas alcanzó un acuerdo con el gobierno federal para cubrir adeudos fiscales por más de 32 mil 132 millones de pesos. La ministra Lenia Batres Guadarrama informó públicamente del desistimiento y destacó que el compromiso de pago “representa un triunfo histórico del Estado de derecho y un mensaje muy alentador sobre la igualdad en el cumplimiento de obligaciones de las y los mexicanos, independientemente de su capacidad económica”.

Este amparo era el último expediente fiscal del conglomerado que permanecía en revisión en la SCJN. En noviembre del año pasado, el alto tribunal resolvió ocho juicios similares y ratificó que Grupo Salinas debía cubrir créditos fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por más de 48 mil millones de pesos.

El caso específico correspondía al amparo directo en revisión 2526/2025, cuya resolución había sido diferida desde noviembre de 2025, luego de que se retiraran proyectos elaborados por las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, al contener criterios encontrados.

El litigio se originó cuando Totalplay impugnó un crédito fiscal de 645 millones 763 mil 797.87 pesos, determinado por el SAT en septiembre de 2017 y posteriormente validado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). En una primera etapa, la entonces Segunda Sala de la Corte resolvió en marzo de 2024 a favor de la empresa y ordenó al TFJA emitir una nueva sentencia, al considerar deducibles comisiones pagadas a distribuidores por más de 621 millones de pesos.

En cumplimiento, el TFJA declaró en septiembre de 2024 la nulidad parcial de las resoluciones fiscales únicamente respecto a esas deducciones y mantuvo vigente el resto del crédito, cercano a los 24 millones de pesos, instruyendo a la autoridad fiscal a emitir una nueva determinación dentro del plazo legal.

Posteriormente, Totalplay promovió un nuevo amparo contra la constitucionalidad del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al considerar que vulneraba la seguridad jurídica por los plazos que establece. Tras ser negado por un tribunal colegiado, el asunto llegó nuevamente a la Corte, donde finalmente fue retirado por la propia empresa, con lo que se dio por concluido el proceso.

Con este desistimiento, el caso Salinas Pliego crédito fiscal queda formalmente cerrado en la SCJN y marca el fin de una etapa de disputas fiscales de alto impacto entre el grupo empresarial y las autoridades hacendarias.