GUANAJUATO.- Diputadas de Morena en el Congreso local presentaron un paquete de iniciativas orientadas a que el gobierno estatal garantice la interrupción legal del embarazo, luego de que hace casi ocho meses se archivaran propuestas similares en la entidad.

Durante sesión de la Comisión Permanente, las legisladoras Plásida Calzada Velázquez, Miriam Reyes Carmona, Hades Berenice Aguilar Castillo y Martha Edith Moreno Valencia plantearon reformas a la Constitución local, al Código Penal, a la Ley de Salud, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley de Víctimas, con el objetivo de armonizar el marco jurídico con los derechos sexuales y reproductivos.

Entre los cambios propuestos destaca la modificación al artículo primero constitucional, para reconocer el derecho de las personas a decidir sobre el número de hijas e hijos, así como para obligar al Estado a garantizar educación sexual, servicios de salud reproductiva y la interrupción legal del embarazo.

Las legisladoras recordaron que en 2009, con mayoría del PAN y el respaldo de una diputada del PRI, se reformó la Constitución de Guanajuato para definir como persona a todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural, lo que ha limitado el acceso al aborto legal en el estado.

En materia penal, la iniciativa redefine el aborto como la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación y propone tipificar como delito grave el aborto forzado, entendido como aquel que se practica sin el consentimiento de la mujer, con sanciones que van de cuatro a ocho años de prisión.

Asimismo, se establece que la interrupción del embarazo no será punible cuando derive de una violación, de una inseminación artificial no consentida, cuando esté en riesgo la vida de la mujer, cuando existan alteraciones genéticas o congénitas del producto, o cuando el embarazo sea resultado de una conducta culposa.

En la Ley de Salud, las diputadas plantearon que el Estado garantice de manera explícita la prestación de servicios de salud reproductiva y de interrupción legal del embarazo, mientras que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se busca reconocer la autonomía reproductiva como un derecho. En la Ley de Víctimas, la propuesta contempla asegurar el acceso al aborto para mujeres que hayan sufrido violencia sexual.

Durante la presentación, la diputada Hades Aguilar Castillo advirtió que la penalización del aborto no evita que las mujeres interrumpan sus embarazos y, por el contrario, expone a quienes carecen de recursos a prácticas clandestinas e inseguras.

“Existe la violación a los derechos humanos cuando el Estado hace inaccesibles los servicios de aborto para las mujeres que lo necesitan; es así como el Estado se vuelve responsable de las tasas de clandestinidad y, por consiguiente, de morbilidad y mortalidad de las mujeres que son forzadas a abortar en estas condiciones”, recriminó.

Cabe recordar que el 5 de junio de 2025, con el voto de una diputada del PVEM, la bancada del PAN logró archivar la iniciativa para despenalizar el aborto en Guanajuato, lo que mantiene vigente uno de los marcos legales más restrictivos del país en la materia.