TAMPICO, TAMAULIPAS.- Autoridades de seguridad de Tamaulipas informaron el retiro de 490 cámaras de videovigilancia instaladas de manera ilegal en la vía pública por grupos delictivos, como resultado de operativos realizados durante 2025 y en lo que va de 2026.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado detalló que estas acciones se llevaron a cabo mediante recorridos preventivos y labores de inspección en colonias, zonas comerciales y puntos considerados estratégicos. En dichos lugares se detectaron dispositivos ajenos a la infraestructura oficial de las corporaciones de seguridad.

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, explicó que una parte sustancial de los hallazgos se logró gracias a reportes ciudadanos realizados a los números de emergencia 911 y 089. Esta colaboración permitió ubicar con mayor rapidez los equipos irregulares y reforzar las tareas de patrullaje.

“El trabajo conjunto entre instituciones y la participación de la ciudadanía han sido fundamentales para identificar estos dispositivos, que no cuentan con autorización ni control institucional”, señaló el funcionario.

De acuerdo con la dependencia, ninguna de las cámaras de videovigilancia ilegales retiradas estaba conectada a los sistemas oficiales del estado. Esta situación representa un riesgo para la seguridad pública y la privacidad de la población, ya que se desconoce el destino de la información captada por dichos equipos.

En paralelo, el gobierno estatal trabaja con otras instancias en la elaboración de una Ley de Vigilancia, cuyo propósito es establecer reglas claras para la instalación, operación y supervisión de sistemas de videovigilancia en la entidad. La propuesta busca regular el uso de esta tecnología tanto en espacios públicos como privados, definir responsabilidades y evitar prácticas discrecionales.

Las autoridades estatales subrayaron que los operativos para localizar y retirar cámaras de videovigilancia continuarán, mientras avanza la construcción de un marco jurídico que ordene el uso de estos sistemas y garantice el respeto a los derechos de la población.