SAN ANTONIO NÉCUA, BAJA CALIFORNIA.- El Gobierno de México informó una inversión acumulada de 116.2 millones de pesos en el Plan de Justicia para los Pueblos Yumanos, estrategia orientada a atender rezagos históricos en materia territorial, cultural, social y de bienestar en comunidades indígenas del norte del país.

Durante la Asamblea Regional de Seguimiento realizada en territorio Kumiai, autoridades federales revisaron los avances del plan y definieron las acciones prioritarias para 2026. El encuentro fue encabezado por Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, y Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para dar continuidad y mayor alcance a los Planes de Justicia.

Al instalar formalmente la asamblea, la funcionaria federal subrayó que la actual administración mantiene el compromiso de atender las demandas históricas de los pueblos indígenas. En ese contexto, afirmó que “hoy hay un interés en hacer justicia a los pueblos y comunidades indígenas, hoy existen las voluntades para hacer realidad esta justicia”, al destacar la reforma constitucional al artículo 2° y otros planes en marcha en distintas regiones del país.

Añadió que la indicación presidencial es clara: dar seguimiento puntual, coordinación institucional y soluciones concretas al Plan de Justicia para los Pueblos Yumanos, con el objetivo de garantizar condiciones dignas de vida para las comunidades.

Por su parte, el titular del INPI sostuvo que los Planes de Justicia se construyen desde el territorio y con la participación directa de las comunidades. “No se construyen de arriba abajo, no se imponen, no se elaboran desde una oficina, se construyen desde las comunidades”, señaló, al enfatizar que las autoridades tradicionales son el eje de los acuerdos.

De acuerdo con el informe presentado, el Plan de Justicia para los Pueblos Yumanos involucra a cinco pueblos indígenas —Kumiai, Pa Ipai/Kuáhl, Cucapá, Kiliwa y Cochimí— y beneficia a más de 15 mil personas en 14 comunidades de Baja California.

La inversión federal se distribuye en cuatro ejes: Lugares Sagrados, Cultura e Identidad; Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Gobierno Tradicional, Paz, Justicia y Seguridad; y Bienestar Común. En el ámbito cultural, se han impulsado acciones para la revitalización de las lenguas Kumiai y Cucapá, así como el fortalecimiento del patrimonio cultural de los pueblos participantes.

En materia agraria y ambiental, se informó sobre el avance en expedientes para la restitución territorial, cambios de régimen ejidal a comunidad agraria y procesos de regularización de derechos, padrones y censos comunitarios. En el eje de gobierno tradicional, se han fortalecido los sistemas normativos propios y se ha expedido la constancia de comunidad indígena a diversas localidades.

Respecto al bienestar, se reportaron servicios de alimentación en comedores escolares, mejoras en planteles educativos mediante el programa La Escuela Es Nuestra, acciones de fortalecimiento de la medicina tradicional, incorporación de jóvenes a programas de capacitación laboral, obras de caminos artesanales y apoyos de vivienda.

Durante la plenaria también se identificaron pendientes, como la regularización total de tierras, la revitalización de todas las lenguas yumanas, el fortalecimiento de infraestructura hidráulica y la construcción de dispensarios médicos. Como acuerdos, se estableció que el INPI convocará a una mesa de trabajo territorial-agraria a finales de febrero y realizará asambleas comunitarias para definir la instalación de Casas Comunitarias de Lengua Indígena.