SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.– El Congreso del Estado aprobó una iniciativa enviada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el objetivo de permitir que la policía estatal pueda portar armas de grueso calibre para enfrentar a la delincuencia organizada.

La propuesta, avalada por el pleno del Poder Legislativo local, será remitida ahora al Congreso de la Unión, conforme al artículo 71 de la Constitución, instancia que deberá discutir y, en su caso, aprobar el cambio legal para que entre en vigor. De prosperar, Chiapas se convertiría en la primera entidad del país en otorgar a su policía civil la facultad de portar armamento que actualmente está reservado a las Fuerzas Armadas.

El planteamiento surge en un contexto de incremento de hechos delictivos en los que grupos criminales han utilizado fusiles y armas de alto poder, situación que, de acuerdo con autoridades estatales, ha limitado la capacidad de respuesta de las corporaciones locales frente a organizaciones cada vez mejor armadas.

Desde el Congreso chiapaneco, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Guillén Guillén, sostuvo que la reforma busca fortalecer a las instituciones civiles de seguridad, dotándolas de mayores herramientas operativas, capacitación y profesionalización, siempre bajo esquemas de coordinación interinstitucional. Señaló que el objetivo central es garantizar condiciones de paz y seguridad para la población.

La iniciativa no modifica de manera automática el uso de este tipo de armamento, ya que su aplicación dependerá de la revisión y eventual aval del Poder Legislativo federal. En caso de ser aprobada, implicaría ajustes en protocolos, controles y responsabilidades para asegurar que el uso de armas de alto calibre se mantenga dentro del marco legal y de respeto a los derechos humanos.

Con esta propuesta, el gobierno estatal plantea una estrategia orientada a equilibrar la capacidad de respuesta de la policía frente al poder de fuego del crimen organizado, mientras el debate se traslada ahora al Congreso de la Unión, donde se definirá si el modelo impulsado desde Chiapas puede replicarse a nivel nacional.