CIUDAD DE MÉXICO.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Estado mexicano garantizar medidas efectivas de protección para Santiago Jiménez Jiménez, concejal del Congreso Nacional Indígena (CNI) en la zona norte de Chiapas, ante amenazas persistentes de grupos armados en el municipio de Tila, que también han alcanzado a su familia.

La petición fue reiterada por la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, Mary Lawlor, al difundir una comunicación enviada en septiembre de 2025 junto con otros expertos internacionales y respondida por el gobierno mexicano el 31 de octubre de ese año. La funcionaria expresó que mantiene su preocupación debido a información reciente que apunta a que continúan las amenazas y actos de intimidación contra el defensor indígena ch’ol.

En el documento, la relatora subrayó que Tila ha registrado elevados niveles de violencia, incluidos asesinatos de personas defensoras del territorio y de integrantes del CNI, particularmente entre enero y marzo de 2024. Este contexto, advirtió, incrementa el riesgo para quienes realizan labores de defensa comunitaria en la región.

De acuerdo con información recibida por la ONU, en julio pasado se difundieron en redes sociales dos publicaciones con señalamientos y descalificaciones graves contra Jiménez, acompañadas por una fotografía obtenida de la cuenta de WhatsApp de su esposa, visible únicamente para sus contactos. Posteriormente, en agosto de 2025, dos agentes de la Policía de Investigación se acercaron al concejal para solicitarle su identificación y le informaron que “tres personas anónimas lo habrían señalado, para que fuera detenido”, según expuso la relatora.

Además, en diciembre se reportaron al menos dos incidentes más, cuando individuos presuntamente vinculados al grupo armado Karma habrían ingresado a su vivienda a través del techo, lo que reforzó las alertas sobre su seguridad y la de su familia.

La relatora y otros expertos recordaron que el 4 de septiembre de 2024 el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas emitió una resolución negativa a la solicitud de medidas cautelares a favor de Jiménez. Entre los argumentos, sostuvo que “las situaciones e incidentes de riesgo a los que hace referencia no tienen un nexo causal con sus actividades de defensa de los derechos humanos, de la tierra y del territorio, sino que se derivan de un contexto de violencia estructural” en Chiapas.

En su respuesta oficial, el gobierno mexicano informó que la fiscalía estatal ha otorgado medidas de protección consistentes en patrullajes preventivos, constantes y permanentes en el domicilio de las personas afectadas. Sin embargo, precisó que hasta octubre del año pasado Jiménez no había presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público por hechos presuntamente relacionados con su labor en el CNI.

Asimismo, señaló que el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, ha promovido acciones institucionales para atender la situación social en Tila, mediante procesos de mediación y diálogo comunitario entre los grupos involucrados, además de la firma del Pacto de Civilidad para la Paz en el municipio, suscrito el 13 de marzo de 2025.