Ciudad de México.- Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitaron información concreta alrededor de del contrato para la producción de credenciales de elector, otorgado en diciembre pasado a la empresa de Cosmocolor, en alianza con Icard Solutions y Talleres Gráficos de México (TGM), al indicar que el carácter público de la compañía TGM “tensa” la autonomía del órgano electoral.

Dania Ravel, integrante del consejo general, expresó que la función del instituto no se limita a validar procesos, sino de igual manera tiene la obligación de avisar sobre los “riesgos políticos e institucionales” derivados de decisiones administrativas, incluso cuando éstas entren en el marco de la legalidad.

“La preocupación que expresó no es una descalificación del trabajo técnico realizado, es ante todo una alerta institucional. En un contexto de alta exigencia democrática, el INE no solo debe ser autónomo, sino parecerlo, sin ambigüedades”, apuntó Ravel.

Destacó, de igual manera, que la sola percepción de una posible cercanía entre la función electoral y la Federación puede ocasionar una imagen negativa del órgano electoral en detrimento de la confianza que deposita la ciudadanía en él. 

En términos similares, se manifestaron los consejeros Carla Humphrey, Arturo Castillo y Claudia Zavala, con relación a la pregunta de si hay o no conflicto de interés con la designación de Octavio García, como responsable de la administración del INE, quien hasta hace poco era representante de comercializadoras de materiales electorales.

Por su parte, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, quien designó a García como encargado de despacho de la dirección ejecutiva de Administración, cuestionó el hecho de que este nivel de exigencia no lo hayan tenido con otros proveedores o en otros tiempos, pues argumentó que ninguna de las empresas que ha ganado la licitación para producir las credenciales de elector ha hecho mal uso de los datos del padrón.

De forma concreta, alegó que la participación de la empresa TGM no significa un conflicto de interés, tomando como paralelismo los momentos en los que el INE demanda el apoyo de las fuerzas armadas, contexto en el cual “tampoco se vulnera la autonomía ni la independencia del INE”.