Colima – El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima (TSJE) determinó la inhabilitación por cinco años para ocupar cargos públicos en la administración estatal de Carlos Noriega García, ex titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas durante la administración estatal correspondiente al periodo 2016-2021.

La sanción se originó tras comprobarse su responsabilidad en el desvío de recursos por un monto de 70 millones de pesos pertenecientes al Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol).

De acuerdo con la resolución judicial, la determinación se basó en pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), entre ellas una auditoría realizada por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), la cual detectó movimientos irregulares en los recursos financieros destinados al sistema de pensiones estatal.

La auditoría estableció que inicialmente se realizó una disposición irregular de 60 millones de pesos y posteriormente un movimiento adicional por 10 millones de pesos, lo que en conjunto sumó los 70 millones de pesos desviados del patrimonio del instituto encargado de garantizar las pensiones de trabajadores del estado.

La resolución emitida por el TSJE constituye la primera sentencia derivada de diversos expedientes abiertos contra el ex funcionario. Las autoridades señalaron que aún existen otros procesos relacionados con posibles irregularidades administrativas ocurridas durante el periodo en que se desempeñó como titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Cabe destacar que en años recientes ya se habían aplicado sanciones administrativas relacionadas con conductas irregulares detectadas en la gestión del ex funcionario. En 2025, el Congreso del Estado de Colima determinó una inhabilitación por 12 años tras detectarse que el ex servidor público se otorgó un préstamo personal por 220 mil pesos y realizó contratos de financiamiento sin cumplir con los lineamientos legales correspondientes, además de irregularidades en la ejecución de planes y programas presupuestarios autorizados.

Asimismo, dentro del juicio identificado como 04/2022, el Poder Legislativo estatal impuso una sanción adicional de siete años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, así como otros cinco años por haber autorizado un convenio con el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima (Insuvi) sin contar con el sustento legal requerido. Ambos casos fueron turnados posteriormente al Tribunal Superior de Justicia del Estado para la aplicación de las sanciones correspondientes conforme a la ley.

En el caso del Instituto de Pensiones del Estado de Colima, las investigaciones y sanciones aplicadas buscan proteger el patrimonio destinado a los trabajadores y pensionados, asegurando que los recursos se utilicen conforme a lo establecido por la ley.

El seguimiento puntual de auditorías y procesos judiciales demuestra la importancia de mantener una supervisión constante sobre el manejo de fondos públicos, especialmente aquellos relacionados con la seguridad social.