Ciudad de México.- Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propondrá a sus pares dar el aval a dos proyectos pensados para solucionar la falta de servicios de interrupción legal del embarazo, un problema ocasionado por barreras institucionales.

Dichos planteamientos se abordarán en el Pleno de este jueves como parte de una discusión alrededor del alcance que tiene el acceso al aborto y el papel del juicio de amparo ante omisiones estructurales en materia de salud reproductiva.

De ser aprobados los proyectos, se cambiaría el paradigma en función de que el beneficio social se extienda cuando se trate de violaciones a derechos humanos originadas por la falta de implementación y difusión de servicios de aborto en el sistema de salud, detallaron fuentes de la Corte. 

Así, uno de los proyectos establece que “cuando se impugna mediante interés legítimo la omisión de las autoridades de salud, el amparo no debería restringirse a efectos individuales si la problemática responde a un contexto más amplio de desigualdad”, lo que transformaría el criterio que ha regido desde 2021.

Pese a que el máximo tribunal del país ha reforzado criterios contra la criminalización absoluta del aborto, esta será la primera vez en que el tema se analiza en el Pleno bajo la nueva conformación, al estudiar de manera concreta la Contradicción de Criterios 125/2025 y el Amparo en Revisión 426/2025.

Estos expedientes se hallan bajo responsabilidad de la ponencia del ministro Aguilar Ortiz, quien reactivó el debate luego de que fuera retirada la propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo que giraba en torno al aborto en Aguascalientes.

Así, el planteamiento estriba en llegar a la distinción entre interés jurídico e interés legítimo, pues mientras el primero se enfoca en afectaciones directas, el segundo permite cuestionar situaciones estructurales que van allende las personas.

Ambos proyectos contemplan el ordenamiento de medidas específicas como garantizar la prestación del servicio, evitar cualquier persecución penal contra quienes lo soliciten o practiquen, brindar capacitación al personal de salud e implementar campañas de difusión y sensibilización.