Estado de México – El Congreso del Estado de México analiza una iniciativa para tipificar la explotación laboral infantil como delito, con sanciones que podrían alcanzar hasta nueve años de prisión, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

La propuesta fue presentada en la LXII Legislatura del Estado de México por la diputada Luisa Esmeralda Navarro Hernández, quien planteó reformas al Código Penal estatal, así como a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley de Educación.

El objetivo principal es establecer sanciones claras contra quienes utilicen o se beneficien del trabajo infantil en condiciones que vulneren el desarrollo de menores de edad.

De acuerdo con la iniciativa, las penas por este delito serían de seis años de prisión, pero podrían incrementarse hasta nueve años en caso de agravantes, como cuando la víctima sea menor de 15 años, tenga alguna discapacidad o se encuentre en condiciones de pobreza, marginación o vulnerabilidad social.

También se contempla un aumento de la sanción cuando el responsable sea un familiar directo, tutor o persona encargada del cuidado del menor.

La reforma busca que se considere explotación laboral infantil cuando una persona utilice, obligue, induzca o facilite el trabajo de menores en actividades que afecten su salud física o mental, limiten su acceso a la educación o se desarrollen en condiciones peligrosas, insalubres o ilícitas.

Asimismo, el proyecto establece que estas conductas deben sancionarse especialmente cuando impidan la permanencia de niñas, niños o adolescentes en el sistema educativo.

La diputada promotora argumentó que el trabajo infantil en condiciones no permitidas continúa siendo una problemática persistente en el país, ya que vulnera derechos fundamentales como la educación, la salud, el descanso y el desarrollo integral.

Además, señaló que esta situación contribuye a reproducir ciclos de pobreza y exclusión social, especialmente en comunidades con altos niveles de marginación.

Además de las sanciones penales, la iniciativa contempla que autoridades estatales y municipales implementen acciones coordinadas de prevención, detección y atención de casos de trabajo infantil.

Estas medidas incluirían el acceso a educación, atención médica y psicológica, así como programas sociales que permitan restituir los derechos de los menores afectados y evitar que vuelvan a situaciones de explotación laboral.

La propuesta también plantea la generación de registros y diagnósticos oficiales sobre trabajo infantil, con el fin de diseñar políticas públicas más eficaces para su prevención y erradicación progresiva.

Con ello, se busca que instituciones como el DIF estatal, el sistema educativo y autoridades municipales participen de manera conjunta en la protección de la niñez.