Nueva York, Estados Unidos – Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera volvió a enviar una carta a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York para insistir en su petición de ser extraditado a México y solicitar nuevamente la revisión de su caso judicial en Estados Unidos.

La misiva, escrita a mano en inglés y fechada el pasado 1 de mayo, fue difundida esta semana como parte del expediente judicial del exlíder del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los documentos judiciales, Guzmán Loera aseguró que fue condenado injustamente y sostuvo que los delitos violentos atribuidos en su contra “se basan en un solo testigo”.

En la carta, también responsabilizó al Gobierno de México por la violencia relacionada con el narcotráfico y afirmó que él “no le hizo daño a nadie”.

El narcotraficante mexicano, quien cumple cadena perpetua más 30 años adicionales en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, reiteró que busca regresar a México para enfrentar un nuevo proceso judicial.

Además, argumentó que durante su juicio en Brooklyn no tuvo acceso a un proceso equitativo ni a una adecuada revisión de pruebas.

La nueva carta representa la sexta comunicación enviada recientemente por Guzmán Loera a la justicia estadounidense.

En semanas anteriores, el juez federal Brian Cogan ya había rechazado otras solicitudes similares al considerar que carecían de fundamento legal y no tenían validez jurídica suficiente para modificar su sentencia o sus condiciones de reclusión.

En la misiva, “El Chapo” también mencionó a funcionarios estadounidenses involucrados en su captura y procesamiento judicial, entre ellos Ray Donovan, ex agente de la DEA, y Richard Donoghue, ex fiscal federal del Distrito Este de Nueva York.

Guzmán sostuvo que el proceso en su contra estuvo marcado por irregularidades y decisiones políticas que afectaron su derecho a la defensa.

Joaquín Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, un día antes de la toma de posesión del entonces presidente Donald Trump.

En 2019 fue declarado culpable de diez cargos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada, uso de armas de fuego y lavado de dinero, tras un juicio considerado uno de los más importantes en la historia judicial estadounidense contra el narcotráfico.

Actualmente permanece recluido bajo estrictas medidas de seguridad en la prisión ADX Florence, conocida como una de las cárceles más severas del sistema penitenciario de Estados Unidos.

Sus abogados han denunciado en diversas ocasiones presuntas violaciones a sus derechos humanos, aislamiento extremo y problemas de salud derivados de las condiciones de confinamiento. Sin embargo, las cortes estadounidenses han mantenido firme la sentencia y han rechazado modificar su situación jurídica.