California, Estados Unidos – La ex alcaldesa de la ciudad de Arcadia, California, Susan Hsu, se declaró culpable ante autoridades federales de Estados Unidos tras admitir que actuó ilegalmente como agente del gobierno de China sin notificar al Departamento de Justicia, en un caso que ha generado preocupación por la presunta infiltración de intereses extranjeros en la política local estadounidense.

De acuerdo con documentos judiciales revelados por fiscales federales, Hsu reconoció haber colaborado durante varios años con representantes vinculados al gobierno de la República Popular China para influir en decisiones políticas y promover posiciones favorables a Beijing dentro de círculos políticos estadounidenses.

La ex funcionaria aceptó haber actuado bajo dirección y control de funcionarios chinos sin registrarse oficialmente como agente extranjero, como exige la ley federal en Estados Unidos.

Las investigaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI) señalan que Susan Hsu habría utilizado su posición política y sus contactos para facilitar reuniones entre funcionarios estadounidenses y representantes chinos, además de intentar influir en asuntos relacionados con Taiwán y otros temas de interés estratégico para el gobierno chino.

Según la acusación, también participó en campañas para mejorar la imagen pública de China en comunidades asiático-estadounidenses del sur de California.

El Departamento de Justicia indicó que la ex alcaldesa operó en coordinación con personas asociadas al Ministerio de Seguridad del Estado chino, una de las principales agencias de inteligencia de ese país.

Aunque no fue acusada de espionaje, las autoridades estadounidenses sostienen que ocultó deliberadamente su relación con funcionarios extranjeros mientras desarrollaba actividades de influencia política dentro de Estados Unidos.

Susan Hsu fue alcaldesa de Arcadia, una ciudad ubicada en el condado de Los Ángeles con una importante comunidad de origen asiático.

Tras declararse culpable, enfrenta una posible condena federal que podría incluir varios años de prisión, además de multas económicas. La sentencia será determinada en los próximos meses por un tribunal federal en California.

El caso ocurre en medio de crecientes tensiones entre Washington y Beijing por temas relacionados con seguridad nacional, espionaje tecnológico e influencia política.

En los últimos años, el gobierno estadounidense ha intensificado las investigaciones sobre presuntas operaciones de influencia extranjera impulsadas por China dentro de universidades, empresas, organizaciones comunitarias y sectores políticos locales.

Este tipo de casos reflejan cómo potencias extranjeras buscan ampliar su influencia más allá de la diplomacia tradicional, enfocándose también en gobiernos municipales, liderazgos comunitarios y actores políticos regionales.

Las autoridades federales insistieron en que cualquier persona que actúe en representación de gobiernos extranjeros debe registrarse formalmente conforme a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés).

El FBI aseguró que continuará investigando posibles redes de influencia extranjera dentro del país y reiteró que proteger la seguridad nacional incluye impedir que gobiernos externos interfieran de manera encubierta en procesos políticos y sociales de Estados Unidos.