Ciudad de México.- Con motivo del inicio del debate legislativo en torno a la reforma electoral, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, advirtió que es necesario establecer con precisión los límites de actuación de las instituciones ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, al señalar que el organismo electoral no puede asumir funciones para evaluar la probidad de quienes buscan cargos de elección popular.

“El INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia”, expresó. 

En conferencia de prensa, explicó primero que la iniciativa presentada por la Presidencia de la República el 22 de mayo de 2026, y que será analizada por el Congreso de la Unión, plantea modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para incorporar un mecanismo de revisión de perfiles mediante una nueva comisión dentro del Instituto. 

Taddei refirió así que el proyecto contempla la creación de un órgano permanente integrado por cinco consejeras y consejeros electorales, con una presidencia rotativa anual, cuya función sería coordinar la comunicación entre los partidos políticos y diversas autoridades federales vinculadas con tareas de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera.

Acorde a la propuesta, el procedimiento comenzaría con la entrega voluntaria de listas de aspirantes por parte de partidos políticos o candidaturas independientes y, de manera posterior, el INE remitiría dicha información a las instancias competentes para la realización de análisis de riesgo.

Una vez concluida dicha revisión, las autoridades informarían si existe o no un “riesgo razonable”, resultado que sería comunicado a los actores políticos bajo estrictas medidas de confidencialidad.

Con relación a este punto, la consejera presidenta subrayó que el mecanismo no sustituye la responsabilidad de los partidos en la selección de sus candidaturas, ya que cada instituto político decidiría libremente si somete a evaluación la totalidad de sus perfiles o únicamente una parte de ellos.

No obstante, Taddei hizo relucir que corresponde al Poder Legislativo definir el diseño institucional del sistema electoral, por lo que reiteró la disposición del INE para aportar experiencia técnica y operativa durante el análisis de la reforma.

Asimismo, enfatizó que el Instituto mantiene una naturaleza estrictamente administrativa encaminada a la organización de elecciones bajo los principios de legalidad, certeza y transparencia, por lo que no le corresponde desempeñar funciones propias de autoridades ministeriales o judiciales.

“Si el marco legal obligara al INE a asumir funciones que impliquen juzgar o determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esta autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando de manera directa nuestro papel como autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas políticas”, declaró la consejera presidenta. 

En ese sentido, sostuvo que la investigación y eventual sanción de posibles vínculos con actividades ilícitas es una atribución exclusiva de las instancias de procuración de justicia, inteligencia y seguridad pública. “Nuestra función no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes”, puntualizó.

En cuanto a la propuesta para establecer la intervención extranjera como causal de nulidad electoral, indicó que, de ser aprobada, obligará al INE a diseñar lineamientos y procedimientos que permitan definir con claridad los alcances y consecuencias de la participación de recursos extranjeros en los procesos comiciales.

Por último, afirmó que la protección de los procesos democráticos frente a intereses ajenos a la legalidad requiere la participación coordinada de todas las instituciones del Estado. En ese sentido, aseveró que el INE mantendrá su compromiso con la organización de elecciones libres y auténticas, al tiempo que exigirá que cada autoridad ejerza plenamente las responsabilidades que le confiere la ley para preservar la confianza ciudadana y la imparcialidad electoral.