Ciudad de México – En medio de una intensa discusión política y fuertes críticas de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional que aplaza hasta 2028 la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, modificación impulsada por el bloque oficialista encabezado por Morena, PT y Partido Verde.

La aprobación ocurrió durante el periodo extraordinario celebrado en el Palacio Legislativo de San Lázaro y posteriormente en el Senado de la República, donde legisladores oficialistas lograron reunir la mayoría calificada necesaria para sacar adelante la reforma.

El dictamen modifica diversos artículos de la Constitución y establece que la elección judicial, originalmente prevista para 2027, ahora se realizará el primer domingo de junio de 2028.

De acuerdo con el proyecto aprobado, el aplazamiento busca corregir problemas técnicos y operativos detectados tras la implementación inicial de la reforma judicial.

Legisladores de Morena argumentaron que el nuevo calendario permitirá mejorar los mecanismos de selección, depurar perfiles y garantizar una organización electoral más eficiente para elegir a integrantes del Poder Judicial mediante voto ciudadano.

Uno de los puntos que más polémica generó fue la posibilidad de que magistrados en funciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puedan competir nuevamente en la elección de 2028, situación que fue interpretada por la oposición como una forma de extender la permanencia de algunos funcionarios judiciales cercanos al oficialismo.

La reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados con más de 320 votos a favor, mientras legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra y acusaron que el gobierno federal busca consolidar el control político sobre el sistema judicial.

Durante la sesión se registraron protestas, reclamos desde tribuna e incluso confrontaciones verbales entre diputados.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la iniciativa y aseguró que el objetivo es fortalecer la democratización del Poder Judicial y garantizar procesos más transparentes. La mandataria sostuvo que la reforma no representa una ampliación automática de cargos, sino únicamente la posibilidad de que actuales magistrados participen nuevamente en elecciones abiertas.

Tras su aprobación en el Congreso, la reforma deberá ser avalada por la mayoría de los congresos estatales para entrar en vigor oficialmente.