Sídney, Australia – Las autoridades de Australia acusaron formalmente a un padre y a su hijo, ambos ciudadanos mexicanos, por su presunta participación en un intento de introducir más de 200 kilogramos de metanfetamina al país oceánico.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Federal Australiana (AFP, por sus siglas en inglés), la investigación comenzó a principios de junio de 2026, cuando agentes de la Fuerza Fronteriza Australiana detectaron indicios de narcóticos durante la inspección de un contenedor marítimo procedente de México.

El hallazgo fue posible gracias al trabajo de perros especializados en la detección de drogas, lo que permitió iniciar una revisión exhaustiva del cargamento.

Los análisis forenses revelaron que la metanfetamina se encontraba impregnada en el revestimiento interno de pintura del contenedor, un método de ocultamiento considerado complejo y diseñado para dificultar su detección.

Tras el proceso de extracción y análisis, las autoridades estimaron que el cargamento contenía más de 200 kilogramos de la droga, con un valor aproximado de 185 millones de dólares australianos, equivalentes a más de 130 millones de dólares estadounidenses.

Como parte de la investigación, el 15 de junio la Policía Federal Australiana ejecutó una orden de cateo en una propiedad ubicada en el suburbio de Box Hill, al noroeste de Sídney.

Durante el operativo fueron detenidos un hombre mexicano de 49 años y su hijo de 25 años, quienes presuntamente estarían relacionados con la recepción y procesamiento del cargamento ilícito.

En el inmueble se aseguraron dispositivos electrónicos y equipo industrial que, según las autoridades, sería utilizado para extraer la metanfetamina del material donde estaba oculta.

Una mujer mexicana de 25 años también fue detenida durante el operativo; sin embargo, quedó en libertad mientras continúan las investigaciones para determinar su posible participación en los hechos.

Hasta el momento, los dos hombres enfrentan cargos por intento de posesión de una cantidad comercial de una droga controlada en la frontera importada ilegalmente. Si son declarados culpables, la legislación australiana contempla como pena máxima la cadena perpetua.

El superintendente interino de la AFP, Trevor Robinson, destacó que el caso demuestra la capacidad de las autoridades para detectar métodos cada vez más sofisticados utilizados por las organizaciones criminales.

El funcionario señaló que los grupos delictivos buscan innovar en las técnicas de ocultamiento, pero aseguró que la cooperación entre las agencias de seguridad ha permitido fortalecer los mecanismos de vigilancia y protección de las fronteras australianas.

Las autoridades australianas indicaron que las investigaciones continúan abiertas para identificar a otras personas que pudieran estar involucradas en la operación y determinar el alcance de la red criminal.