Tijuana, Baja California – La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta una nueva controversia política luego de que se difundiera un audio en el que presuntamente conversa con intermediarios y supuestos asesores vinculados a autoridades estadounidenses sobre su situación migratoria y la cancelación de su visa.

La grabación, revelada por el periodista Héctor de Mauleón, generó una ola de cuestionamientos debido a que en ella se hace referencia a posibles gestiones para aclarar señalamientos provenientes de Estados Unidos y explorar alternativas para resolver el problema derivado de la revocación de su documento migratorio.

Tras la difusión del material, la mandataria estatal reconoció que la voz que aparece en la conversación corresponde a ella, pero rechazó categóricamente que haya intentado negociar acuerdos irregulares o realizar gestiones fuera del marco legal.

Ávila Olmeda sostuvo que el contenido del audio ha sido sacado de contexto y afirmó que las conversaciones formaban parte de esfuerzos legítimos para conocer las razones detrás de la cancelación de su visa y buscar una eventual reconsideración por parte de las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con la grabación difundida, uno de los interlocutores menciona la posibilidad de facilitar encuentros con funcionarios estadounidenses y ayudar a atender eventuales “sanciones y cargos” que pudieran presentarse.

En respuesta, la gobernadora señala que está dispuesta a colaborar y aclarar cualquier situación, aunque insiste en que cualquier procedimiento debe llevarse a cabo mediante representación legal.

En la conversación también menciona al abogado estadounidense Michael Nadler, ex fiscal federal con experiencia en casos financieros y de lavado de dinero, a quien habría contratado para asesorarla en este proceso.

La gobernadora aseguró posteriormente que nunca se concretó la reunión mencionada en el audio y negó la existencia de “acuerdos en lo oscurito” con autoridades de Estados Unidos. Según explicó, los contactos se realizaron mediante terceros que ofrecieron servir como intermediarios y siempre dentro de los canales legales correspondientes. Asimismo, reiteró que no enfrenta acusaciones formales en territorio estadounidense y que su objetivo ha sido únicamente recuperar el documento migratorio que le fue retirado en 2025.

Por el momento, Marina del Pilar mantiene que todas sus acciones han sido transparentes y legales. Sin embargo, la filtración ha reavivado el debate público sobre su situación migratoria y podría convertirse en un nuevo frente político para la gobernadora bajacaliforniana en los próximos meses.