Monterrey, Nuevo León – El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, entregó formalmente por escrito su defensa legal ante el procedimiento de juicio político iniciado en su contra por el Congreso local.

La documentación fue presentada dentro del plazo establecido por la Comisión Anticorrupción del Congreso, instancia encargada de conducir el proceso.

De acuerdo con los reportes legislativos, la defensa fue entregada durante la mañana del 23 de junio por representantes de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal en la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León.

Con ello, el mandatario optó por la vía escrita, una de las alternativas contempladas dentro del procedimiento, que también le permitía comparecer personalmente o mediante un representante legal ante los diputados integrantes de la comisión.

En el escrito, García Sepúlveda sostiene que la Comisión Anticorrupción carece de competencia constitucional para continuar con el procedimiento y solicita que el juicio político sea suspendido.

Además, argumenta que existen cuestiones jurídicas previas que deben resolverse antes de que pueda analizarse el fondo de las acusaciones. La defensa fue presentada bajo la figura jurídica denominada “ad cautelam”, lo que significa que el gobernador respondió al requerimiento legislativo sin reconocer la validez ni la competencia de la instancia que lo investiga.

El juicio político fue admitido por la Comisión Anticorrupción del Congreso el pasado 12 de junio tras una denuncia promovida por dirigentes de Morena.

La acusación señala presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y una supuesta triangulación de fondos hacia despachos relacionados con familiares del mandatario estatal. Hasta el momento, dichas acusaciones forman parte de un procedimiento legislativo en curso y no constituyen una resolución judicial definitiva.

Tras la recepción de la defensa, la Comisión Anticorrupción deberá analizar los argumentos presentados por el gobernador antes de determinar los siguientes pasos del procedimiento.

En caso de que el proceso avance, el asunto tendría que ser sometido posteriormente a consideración del Pleno del Congreso, donde se requeriría una mayoría calificada para adoptar resoluciones adicionales.