Metepec, Estado de México – La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) asestó un importante golpe a una presunta red de corrupción que operaba dentro de la administración pública estatal al detener a Óscar Guzmán Aragón, ex subsecretario de Administración del Gobierno del Estado de México durante el gobierno de Alfredo del Mazo Maza, por su probable participación en un esquema de venta ilegal de plazas en dependencias del sector educativo mexiquense.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones y reportes de la Fiscalía mexiquense, Guzmán Aragón fue aprehendido durante la madrugada del 24 de junio en el exclusivo fraccionamiento Condado del Valle, ubicado en el municipio de Metepec.

Posteriormente fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Las investigaciones apuntan a que el ex funcionario estaría vinculado con una presunta red dedicada a la venta irregular de plazas dentro de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México.

Según las indagatorias, este esquema habría permitido la asignación de puestos a cambio de pagos ilegales, afectando los procesos de contratación y administración del personal educativo.

La detención de Guzmán Aragón no es un hecho aislado. Autoridades estatales informaron que existen al menos nueve órdenes de aprehensión adicionales contra ex funcionarios y servidores públicos presuntamente involucrados en la misma trama.

Algunas versiones señalan que entre los investigados figuran personas que formaron parte tanto de la administración anterior como de la actual estructura gubernamental. Hasta el momento se ha confirmado la captura de varios implicados.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha dado a conocer el monto económico que habría generado esta presunta red ni el número exacto de plazas involucradas. Sin embargo, las autoridades continúan ejecutando operativos para localizar a otros posibles responsables y esclarecer el alcance total del esquema investigado.

Como en todo proceso penal, las personas detenidas se presumen inocentes hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad mediante sentencia firme.