Monterrey, Nuevo León – El Congreso de Nuevo León dio inicio formal a las diligencias relacionadas con el procedimiento de juicio político promovido contra el gobernador Samuel García Sepúlveda.

La decisión fue tomada por la Comisión Anticorrupción del Congreso local, que acordó comenzar la etapa de integración del expediente y desahogo de pruebas, con el propósito de determinar si existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento previsto en la Constitución del Estado y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El juicio político deriva de una denuncia presentada por legisladores de oposición, quienes acusan al mandatario de presuntas violaciones a diversas disposiciones legales relacionadas con el ejercicio de sus funciones.

Entre los señalamientos se encuentran el supuesto incumplimiento de resoluciones emitidas por el Poder Legislativo y desacatos a determinaciones de autoridades jurisdiccionales, hechos que deberán ser analizados durante el desarrollo del procedimiento.

Con el inicio de las diligencias, el Congreso notificará formalmente al gobernador Samuel García para que ejerza su derecho de audiencia y presente los argumentos, pruebas y alegatos que considere pertinentes para su defensa.

Los integrantes de la Comisión Anticorrupción señalaron que el procedimiento se desarrollará conforme a la legislación vigente y respetando las garantías procesales de todas las partes involucradas.

En caso de que el Congreso apruebe la procedencia del proceso, el asunto deberá seguir las etapas previstas en la legislación local hasta llegar a una resolución definitiva.

Cabe destacar que el juicio político no constituye un proceso penal, sino un mecanismo de carácter político y administrativo destinado a determinar si un servidor público incurrió en actos u omisiones que afecten el correcto funcionamiento de las instituciones públicas.

Por su parte, el gobierno de Nuevo León ha sostenido en ocasiones anteriores que diversas acciones emprendidas por el Congreso tienen un trasfondo político derivado de las diferencias entre el Ejecutivo estatal y la mayoría legislativa integrada por diputados del PRI y del PAN.

Este nuevo procedimiento se suma a la serie de controversias legales y políticas que han caracterizado la relación entre ambos poderes desde el inicio de la administración estatal en 2021, periodo durante el cual han surgido disputas por el nombramiento del fiscal general, el presupuesto estatal, la designación del gobernador interino durante la aspiración presidencial de Samuel García y diversas resoluciones judiciales.