Washington y Nueva York.- La Suprema Corte de los Estados Unidos bloqueó este martes, por seis votos contra tres, una orden ejecutiva promovida por Donald Trump que buscaba eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de personas migrantes en situación irregular o con estatus temporal en Estados Unidos. El fallo representa un revés directo a una de las principales iniciativas de su política migratoria y confirma la vigencia constitucional del principio de ciudadanía por nacimiento.

La resolución, redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, establece que los menores nacidos en territorio estadounidense están sujetos a la jurisdicción del país y, por lo tanto, adquieren la nacionalidad al nacer bajo la 14ª Enmienda. En el texto se precisa que los “niños nacidos en Estados Unidos de padres ilegalmente y temporalmente ‘son sujetos a la jurisdicción’ del país y son ciudadanos al nacer bajo la Cláusula de Ciudadanía de la 14 Enmienda”.

El fallo desactiva el intento de reinterpretar la llamada ciudadanía por nacimiento, un principio que ha sido sostenido por la jurisprudencia del máximo tribunal desde hace más de un siglo. La decisión también complica cualquier intento legislativo para modificarlo, ya que requeriría una reforma constitucional aprobada por mayorías calificadas en el Congreso y en los estados.

Tras conocerse la resolución, Donald Trump calificó el fallo como negativo para el país y adelantó que buscará alternativas en el Congreso. “es muy mala para nuestro país”, afirmó.

Especialistas en derecho constitucional señalan que revertir este criterio implicaría una enmienda constitucional, lo que exige el respaldo de dos tercios del Congreso y la ratificación de al menos 38 legislaturas estatales, un escenario considerado políticamente complejo.

Organizaciones defensoras de migrantes celebraron la decisión al considerar que protege un derecho fundamental. El legislador demócrata Jesús Chuy García afirmó que el tribunal “dictaminó que un presidente no puede eliminar un derecho constitucional mediante una orden ejecutiva” y criticó lo que calificó como un intento de dejar sin nacionalidad a menores nacidos en el país.

El debate sobre la ciudadanía por nacimiento ocurre en paralelo a otras medidas migratorias impulsadas por el gobierno estadounidense, incluyendo la reducción de protecciones temporales para personas provenientes de países como Haití y Siria, lo que ha generado incertidumbre sobre su estatus legal.

En el plano económico, sectores productivos han comenzado a presionar por ajustes en la política migratoria ante la necesidad de mano de obra. En ese contexto, autoridades han permitido ciertas flexibilizaciones en programas de trabajadores temporales, especialmente en el sector agrícola y lechero.