Ciudad de México – Un total de 43 trabajadores sociales adscritos al Poder Judicial de la Federación (PJF) fueron separados de sus cargos como parte de un proceso de reorganización administrativa derivado de la implementación de la reforma judicial.

Los despidos se realizaron en distintas entidades del país y alcanzaron a personal que desempeñaba funciones en órganos jurisdiccionales federales.

Los trabajadores sociales tenían entre sus principales responsabilidades la elaboración de estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias, entrevistas familiares, valoración de entornos sociales y la emisión de informes técnicos utilizados por jueces y magistrados para resolver asuntos relacionados con menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores, víctimas de violencia familiar y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con los trabajadores afectados, la notificación de su separación se realizó de manera simultánea en diversos circuitos judiciales del país. Algunos señalaron que no recibieron información suficiente sobre las razones específicas de su baja, mientras que otros indicaron que la medida forma parte de una reestructuración institucional relacionada con la reorganización de funciones dentro del Poder Judicial.

Los trabajadores sociales manifestaron su inconformidad al considerar que su labor resulta indispensable para garantizar que las resoluciones judiciales cuenten con elementos objetivos sobre el contexto familiar, económico y social de las personas involucradas en los procesos.

Explicaron que sus dictámenes permiten a las autoridades jurisdiccionales adoptar decisiones con un enfoque de derechos humanos y protección integral, particularmente cuando existen niñas, niños y adolescentes involucrados en los casos.

Asimismo, advirtieron que la reducción del personal especializado podría provocar retrasos en la elaboración de estudios sociales, aumentar las cargas de trabajo para quienes permanezcan en funciones y limitar la capacidad institucional para atender asuntos que requieren evaluaciones técnicas antes de que un juez emita una resolución.

Hasta el momento, el Consejo de la Judicatura Federal no ha emitido un posicionamiento público detallando las causas específicas de los despidos ni ha informado si las plazas serán ocupadas nuevamente mediante otro esquema administrativo.

Tampoco se ha precisado si las funciones desempeñadas por los trabajadores sociales serán absorbidas por otras áreas o redistribuidas entre el personal existente.