Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – El director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Jorge Luis Escandón Hernández, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo luego de que presuntamente fuera sorprendido conduciendo una camioneta con alteraciones en su número de serie o identificación vehicular.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales, la detención se realizó durante un operativo de inspección en el que agentes detectaron irregularidades en los datos de identificación de la unidad en la que viajaba el funcionario.

Tras una revisión física y documental del vehículo, los elementos de seguridad determinaron que existían indicios de una posible alteración en los números de serie, situación que constituye un probable delito previsto en la legislación penal.

Como resultado del procedimiento, tanto el vehículo como el servidor público fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del caso conforme a derecho.

La Fiscalía General del Estado informó que especialistas en identificación vehicular llevarán a cabo los peritajes correspondientes para establecer si el número de serie fue modificado de manera intencional, si la unidad cuenta con reporte de robo o si presenta alguna otra irregularidad relacionada con su procedencia.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si el funcionario tenía conocimiento de las presuntas alteraciones detectadas en la camioneta ni han informado sobre el origen del vehículo. Tampoco se ha dado a conocer si la unidad forma parte del patrimonio personal del detenido o si pertenece a un tercero, aspectos que también forman parte de la investigación ministerial.

La detención generó amplia atención debido al cargo que desempeña Escandón Hernández al frente del Colegio de Bachilleres de Chiapas, organismo público responsable de la educación media superior en distintas regiones del estado.

Tras conocerse los hechos, diversas voces solicitaron que las investigaciones se desarrollen con total transparencia y sin privilegios, garantizando el respeto al debido proceso.

Por su parte, las autoridades estatales reiteraron que ninguna persona está exenta de la aplicación de la ley y señalaron que la integración de la carpeta de investigación continuará con la recopilación de pruebas, peritajes y declaraciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

En las próximas horas se espera que el Ministerio Público determine la situación legal del funcionario y, en su caso, solicite la audiencia correspondiente ante un juez de control.

Será durante ese procedimiento cuando la autoridad judicial valore los datos de prueba presentados por la Fiscalía y resuelva si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.