Ciudad de México – El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, compareció este viernes 17 de julio por videoconferencia ante un juez federal junto con otras siete personas, como parte de la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República (FGR) les imputa los delitos de delincuencia organizada y operaciones relacionadas con el denominado “huachicol” fiscal.

La diligencia, correspondiente a la causa penal 253/2026, inició alrededor de las 13:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Sin embargo, los imputados participaron de manera remota desde instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, mientras la audiencia se desarrolló a puerta cerrada.

De acuerdo con la investigación de la FGR, Ruffo Appel y los demás acusados presuntamente formaban parte de una organización dedicada al contrabando de combustibles desde Texas, Estados Unidos, hacia territorio mexicano mediante un esquema de evasión fiscal conocido como “huachicol” fiscal.

Las indagatorias señalan que la red utilizaba más de un centenar de carrotanques ferroviarios para ingresar hidrocarburos al país.

Según las autoridades, la documentación presentada ante las aduanas reportaba cargamentos de aproximadamente 10 mil litros por contenedor; sin embargo, las investigaciones sostienen que cada unidad transportaba alrededor de 110 mil litros de combustible, lo que habría permitido introducir grandes volúmenes sin cumplir con las regulaciones de importación ni pagar los impuestos correspondientes.

La Fiscalía sostiene que el esquema generó un presunto daño multimillonario a la hacienda pública y forma parte de una investigación iniciada hace más de un año, en la que también se encuentran bajo investigación otras personas físicas y empresas presuntamente vinculadas con las operaciones de importación ilegal de hidrocarburos.

Hasta el cierre de esta edición, el juez de control continuaba con el análisis de los datos de prueba para determinar la situación jurídica de los ocho imputados y definir si serán vinculados a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles mediante evasión fiscal.