Ciudad de México – La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa de 171 mil 972 pesos, además de una inhabilitación por tres meses, a la empresa Comercializadora Hermanos Del Valle, S.A. de C.V., tras detectar irregularidades durante un procedimiento de contratación realizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

De acuerdo con un comunicado oficial de la dependencia, la sanción fue determinada a través del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura, luego de acreditar que la empresa incurrió en conductas dolosas durante el proceso de licitación para la contratación de los servicios integrales de los Programas Expositivo, Editorial y de Acervos 2025 del Centro de la Imagen.

La investigación concluyó que la empresa presentó, bajo protesta de decir verdad, una manifestación de estratificación empresarial a nombre de otro licitante que también participaba en el mismo procedimiento de contratación, acción que fue considerada una irregularidad grave por las autoridades encargadas de supervisar el cumplimiento de la normatividad en materia de adquisiciones públicas.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que la resolución administrativa fue notificada a la empresa el pasado 2 de julio, mientras que este viernes la sanción quedó formalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que adquirió efectos legales.

Como parte de las medidas impuestas, Comercializadora Hermanos Del Valle, S.A. de C.V. fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que implica que durante el periodo de inhabilitación no podrá participar, ya sea de manera directa o a través de terceros, en procedimientos de contratación convocados por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, ni celebrar contratos con el Gobierno de México.

La dependencia federal explicó que las sanciones fueron determinadas conforme a la legislación vigente y tras valorar la gravedad de la conducta, así como los principios de proporcionalidad que rigen los procedimientos administrativos sancionadores.

Asimismo, precisó que la empresa cuenta con los recursos legales previstos por la ley para impugnar la resolución, en caso de considerarlo procedente.

No obstante, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que defenderá la legalidad de la sanción, al asegurar que fue impuesta con estricto apego al marco jurídico y en protección del interés público.