Ciudad de México.– La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, en coordinación con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), fueron sancionadas 34 personas servidoras públicas de 20 instituciones federales por incurrir en faltas administrativas graves y no graves, con inhabilitaciones de hasta 20 años para ejercer cargos públicos y multas económicas que superan los 1.8 millones de pesos.

La dependencia explicó que las sanciones son resultado de investigaciones realizadas por diversos Órganos Internos de Control y unidades de responsabilidades, las cuales permitieron acreditar las conductas irregulares conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En los casos de faltas graves, las resoluciones fueron emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mientras que las faltas no graves corresponden a la competencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Entre las sanciones más severas destaca la inhabilitación por 20 años impuesta a José L., ex servidor público de la Escuela Secundaria “Emiliano Zapata”, adscrita a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), tras acreditarse responsabilidad administrativa por acoso sexual contra dos estudiantes ocurrido en 2020.

En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) también fueron sancionados cuatro ex funcionarios de la Oficina de Representación en el Estado de México por autorizar pagos de apoyos del programa Producción para el Bienestar sin contar con los expedientes que acreditaran la existencia de los beneficiarios. Las sanciones incluyen inhabilitaciones de 15, 10 y un año, además de multas económicas que van de los 3 mil a los 140 mil pesos.

Asimismo, las investigaciones alcanzaron a servidores públicos de dependencias como la Secretaría de Economía (SE), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Guardia Nacional, el Banco del Bienestar y otras instituciones federales, donde se acreditaron diversas irregularidades administrativas.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las sanciones fueron determinadas con base en la gravedad de las conductas, el daño ocasionado y los criterios de proporcionalidad previstos en la legislación vigente, como parte de la política del Gobierno de México para fortalecer la rendición de cuentas y combatir la impunidad en el servicio público.