Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez federal vinculara a proceso a dos ex servidores públicos relacionados con áreas de seguridad en Nayarit por su presunta participación en la desaparición de 56 personas, hechos que habrían ocurrido mientras ejercían funciones dentro de la administración estatal y, presuntamente, en coordinación con integrantes de grupos criminales.

De acuerdo con la autoridad federal, Francisco Alfonso Salazar Velazco, identificado como “Paco Salazar”, y Jaime Gabriel Romero Montejo, conocido como “El Jimmy”, enfrentan investigaciones derivadas de presuntas conductas cometidas durante su desempeño como funcionarios públicos, las cuales habrían afectado directamente a decenas de víctimas.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, a través del Ministerio Público Federal, presentó ante el órgano jurisdiccional diversos elementos de prueba que permitieron avanzar en el proceso penal contra ambos imputados.

En el caso de Romero Montejo, el juez determinó su vinculación a proceso por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada. Asimismo, le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones. La autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para concluir la etapa de investigación complementaria.

Por su parte, Salazar Velazco fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada, así como por presunto ocultamiento, sepultamiento e inhumación de restos humanos. Debido a la gravedad de los señalamientos, también permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa.

El juzgador fijó para este último un periodo de seis meses destinado a la investigación complementaria, tiempo durante el cual la representación social podrá fortalecer las indagatorias y recabar más evidencias relacionadas con los hechos.

La FGR señaló que las acusaciones están vinculadas con eventos que habrían ocurrido cuando ambos ocupaban cargos dentro de las instituciones de seguridad de Nayarit. Las pesquisas buscan esclarecer el destino de las víctimas y determinar el grado de participación de los involucrados en una serie de hechos que forman parte de investigaciones sobre violaciones graves a los derechos humanos.

La desaparición forzada constituye uno de los delitos más sensibles en México debido a su impacto en las víctimas, sus familias y la sociedad. En este contexto, las autoridades federales mantienen abiertas diversas líneas de investigación para identificar a otros posibles responsables y garantizar el acceso a la justicia para las personas afectadas.

Con esta resolución judicial, el proceso penal entra en una nueva etapa en la que la Fiscalía deberá robustecer los elementos de prueba para sustentar las acusaciones y eventualmente llevar el caso a juicio.