Acapulco, Guerrero – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico de la presa La Parota, una obra impulsada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde 2003 y que durante más de dos décadas generó una fuerte oposición social por el impacto que tendría en comunidades rurales e indígenas de Guerrero.

Durante una gira de trabajo en Acapulco, donde encabezó la entrega de apoyos del programa Pensión Mujeres Bienestar y supervisó obras hidráulicas, Sheinbaum informó que, en lugar de construir la presa, el Gobierno federal desarrolla un nuevo sistema de abastecimiento de agua basado en pozos radiales y tanques elevados que permitirá garantizar el suministro de agua potable para el puerto sin desplazar a la población.

“También les quiero decir una cosa: el proyecto de la presa de La Parota está cancelado, ese ya no lo vamos a hacer porque afectaba mucho a las comunidades. En sustitución de ese proyecto estamos haciendo estos pozos para poder llevar agua a Acapulco”, declaró la presidenta durante su mensaje.

La mandataria explicó que la estrategia contempla la construcción de tanques elevados para distribuir el agua por gravedad hacia distintas colonias de Acapulco, además de la modernización de la infraestructura hidráulica en zonas altas de la ciudad, comenzando por Ciudad Renacimiento.

También anunció el reemplazo de redes de agua potable y obras para reforzar el sistema ante futuras contingencias climáticas.

Sheinbaum señaló que, tras el impacto de los huracanes Otis y John, su administración mantiene trabajos de saneamiento, desazolve de ríos y protección de la infraestructura hidráulica, incluyendo la construcción de torres para resguardar las bombas de captación del río Papagayo y evitar que vuelvan a resultar dañadas por el aumento del caudal.

El proyecto de La Parota contemplaba la construcción de una presa sobre el río Papagayo para generar energía hidroeléctrica y abastecer de agua a Acapulco; sin embargo, desde su anuncio enfrentó una fuerte resistencia de comunidades campesinas e indígenas, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, quienes advirtieron que implicaría el desplazamiento de miles de personas, la inundación de extensas áreas y afectaciones ambientales en la región.

Con esta decisión, el Gobierno federal da por concluido oficialmente uno de los proyectos de infraestructura más controvertidos del país y apuesta por un modelo alternativo de abastecimiento de agua para Acapulco, enfocado en obras hidráulicas de menor impacto social y ambiental.