Buenos Aires, Argentina – El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Migraciones para impedir el ingreso al país y permitir la expulsión de extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra Argentina, sus ciudadanos o sus símbolos nacionales.

El decreto establece que podrán ser rechazados en la frontera o perder su residencia quienes hayan emitido, de forma oral o escrita, expresiones que inciten al odio o a la violencia contra el pueblo argentino por motivos de nacionalidad, así como quienes ultrajen los símbolos patrios.

La nueva disposición incorpora estas conductas como causales para denegar el ingreso, cancelar permisos de residencia o ejecutar procesos de expulsión conforme a la legislación migratoria vigente.

La decisión fue anunciada por el Gobierno luego de que Milei denunciara una presunta “campaña antiargentina” en redes sociales y otros espacios públicos, especialmente tras las críticas y episodios de hostilidad registrados durante el Mundial de Futbol de 2026.

El mandatario sostuvo que existió una ofensiva internacional contra Argentina y su selección nacional, aunque no presentó pruebas que respaldaran esa afirmación.

El Ejecutivo argentino aseguró que la medida no busca limitar la libertad de expresión y precisó que las críticas de carácter político, ideológico, académico o periodístico continúan protegidas por la Constitución.

Según el texto del decreto, las sanciones estarán dirigidas únicamente contra conductas que constituyan incitación al odio, discriminación o violencia hacia los argentinos o que impliquen el agravio de los emblemas nacionales.

Sin embargo, juristas, organizaciones de derechos humanos y dirigentes de la oposición cuestionaron el decreto al considerar que conceptos como “odio” o “agravio” pueden ser interpretados de manera subjetiva, lo que podría derivar en decisiones discrecionales por parte de las autoridades migratorias.

También advirtieron que el uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia para modificar aspectos de la política migratoria podría enfrentar impugnaciones judiciales y deberá ser revisado posteriormente por el Congreso argentino.

El decreto entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial, aunque, como ocurre con todos los Decretos de Necesidad y Urgencia en Argentina, deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y posteriormente tratado por ambas cámaras legislativas.