Xalapa, Veracruz.- El Congreso de Veracruz votará este miércoles los dictámenes que proponen retirar el fuero a los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos emanados de Movimiento Ciudadano, con el objetivo de permitir que la Fiscalía General del Estado continúe los procesos penales que mantiene abiertos en su contra.

La decisión será tomada durante una sesión extraordinaria del Poder Legislativo. Para aprobar el desafuero se requiere el respaldo de las dos terceras partes de los 50 diputados que integran el Congreso local.

Raúl González Martínez es investigado por su presunta participación en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, ocurrido en junio de este año. En tanto, Bertín Bravo Montero enfrenta una investigación por su presunto vínculo con la desaparición forzada del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López, registrada el 14 de mayo.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Naomi Edith Gómez Santos, aclaró que la votación no representa un juicio sobre la responsabilidad penal de los funcionarios, sino un procedimiento para que las investigaciones puedan avanzar sin la protección del fuero.

“Lo único que decidimos es que, al ser servidores públicos, si al final existen elementos suficientes para que se lleve a cabo un procedimiento penal y que un juez decida, entonces que se haga”, señaló.

La legislación permite que ambos presidentes municipales comparezcan ante el Congreso para exponer su defensa de manera personal, por escrito o mediante sus representantes legales antes de que se emita la resolución.

Las defensas de los dos alcaldes han rechazado las acusaciones formuladas en su contra, mientras que Movimiento Ciudadano sostiene que los procedimientos responden a una persecución política.

Por otra parte, la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que la investigación por el homicidio de la periodista Roxana Guzmán continúa en coordinación con la Fiscalía General de la República y que existen órdenes de aprehensión pendientes de ejecutarse, además de otras que podrían solicitarse conforme avancen las indagatorias.

La funcionaria explicó que aún se espera la resolución del Congreso respecto al desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste para determinar los siguientes pasos del procedimiento judicial.

Hasta ahora, ocho personas han sido vinculadas a proceso por el caso de Roxana Guzmán Ramírez, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste. La comunicadora fue privada de la libertad el 2 de junio en Nanchital y su cuerpo fue localizado días después en un predio del sur de Veracruz.