Ciudad de México – La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo y puso a disposición de un juez federal con sede en el Altiplano a Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar, S.A. de C.V., empresa vinculada al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dentro de la investigación por una presunta red de contrabando de combustible o “huachicol fiscal”.

De acuerdo con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal, Hernández Hinojosa habría intervenido en operaciones de comercio exterior en las que presuntamente se declaraban volúmenes de hidrocarburos inferiores a los que realmente eran transportados hacia México.

La mujer, detenida en la Ciudad de México, también habría participado en diversos actos jurídicos y comerciales relacionados con la operación de Ingemar, entre ellos la formalización de contratos vinculados con la distribución de petrolíferos y gestiones ante autoridades aduaneras por mercancías que presentaban presuntas inconsistencias documentales.

Durante la audiencia inicial, realizada por videoconferencia, la Fiscalía expuso además que Hernández Hinojosa figuraba como firmante autorizada de diversas cuentas bancarias de la empresa, situación que, según la investigación, le habría permitido intervenir en su administración financiera.

Entre los elementos presentados ante el juez también se incluyeron señalamientos sobre trámites realizados ante autoridades aduaneras para gestionar la liberación y regularización de mercancías cuyo ingreso al país presentaba irregularidades documentales.

La investigación de la FGR considera que su presunta participación habría abarcado funciones de representación corporativa, administración financiera y ejecución de actos jurídicos relacionados con las operaciones comerciales de Ingemar.

El caso también involucra a otros presuntos participantes, entre ellos Ernesto Ruffo Appel y Ricardo Thompson Navarro, quienes enfrentan procesos relacionados con la investigación, mientras que otros nombres aparecen dentro de las líneas de indagatoria de la Fiscalía.

La situación jurídica de Hernández Hinojosa deberá determinarse conforme avance el proceso penal. Hasta que exista una sentencia definitiva, los involucrados deben ser considerados inocentes conforme al principio de presunción de inocencia.