Ciudad de México – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), junto con otras instituciones públicas, firmaron el Convenio Marco de Colaboración “Por la defensa y promoción de los derechos electorales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos político-electorales de estas poblaciones.

El acuerdo fue suscrito este lunes y reúne a seis instituciones del Estado mexicano, que buscan coordinar esfuerzos en materia de derechos electorales, justicia, capacitación y difusión de información dirigida a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

La colaboración cobra relevancia debido a los retos que enfrentan estas comunidades para ejercer plenamente sus derechos políticos, entre ellos la participación en los procesos electorales, la representación política y el respeto a sus sistemas normativos internos.

El convenio también busca generar una mayor coordinación entre las instituciones responsables de organizar elecciones, impartir justicia electoral y garantizar la protección de los derechos constitucionales.

En este ámbito, la Suprema Corte ha desarrollado criterios relacionados con los derechos de los pueblos indígenas, mientras que el INE y el TEPJF tienen atribuciones específicas en materia electoral.

Uno de los aspectos centrales de este esfuerzo es fortalecer una atención institucional que considere las particularidades culturales y jurídicas de las comunidades, así como promover mecanismos que permitan una participación política efectiva y respetuosa de sus derechos.

La firma del convenio ocurre además en un contexto de cambios relevantes en el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

La reforma publicada en 2024 reconoció a estos pueblos como sujetos de derecho público, fortaleciendo el marco constitucional relacionado con su autonomía y derechos.

El acuerdo no representa por sí mismo una modificación a las reglas electorales, sino un mecanismo de colaboración institucional para coordinar acciones encaminadas a la defensa y promoción de estos derechos.

Con esta alianza, las instituciones participantes buscan fortalecer la protección de los derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y contribuir a una mayor inclusión en la vida democrática del país.