Ciudad de México – El ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas, dentro de las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

La decisión fue tomada durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el penal del Altiplano, en el Estado de México. La audiencia se prolongó durante más de 15 horas y concluyó con la determinación de que existen elementos suficientes para que la investigación penal continúe.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), Aguirre es señalado por su presunta intervención en acciones relacionadas con el ocultamiento y destrucción de evidencias sobre lo ocurrido aquella noche en Iguala. Entre los elementos mencionados se encuentran videos de vigilancia que, según la investigación, podían aportar información sobre los movimientos de los estudiantes y la actuación de distintas corporaciones de seguridad.

Durante la audiencia, la defensa del ex mandatario presentó 31 datos de prueba y testimonios con los que buscó demostrar, entre otros argumentos, que Aguirre se encontraba en la Ciudad de México cuando ocurrieron los hechos. Sin embargo, el juez consideró que esos elementos no eran suficientes para desvirtuar, en esta etapa procesal, los señalamientos de la Fiscalía.

Además de la vinculación a proceso, el juez ratificó la prisión preventiva para Aguirre, quien permanecerá internado en el penal del Altiplano.

La autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para realizar la investigación complementaria, periodo durante el cual Fiscalía y defensa podrán aportar nuevos elementos al expediente.

Es importante precisar que la vinculación a proceso no significa que Ángel Aguirre haya sido declarado culpable. La resolución únicamente determina que existen indicios suficientes para continuar un proceso penal en su contra. La responsabilidad definitiva deberá establecerse mediante una sentencia después de las etapas correspondientes del procedimiento judicial.

Aguirre gobernaba Guerrero cuando ocurrieron los hechos de Ayotzinapa y dejó el cargo en octubre de 2014, en medio de la crisis política provocada por la desaparición de los 43 normalistas.

Su vinculación representa un nuevo capítulo en una investigación que, casi 12 años después, continúa sin esclarecer completamente el paradero de los estudiantes y las responsabilidades de todos los involucrados.