Ciudad de México – La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (Feccecam) pretende llevar ante un juez de control a 32 exfuncionarios que colaboraron durante la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, quien gobernó la entidad entre 2015 y 2019, por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos superior a 270 millones de pesos.

De acuerdo con la información, las investigaciones señalan que los recursos habrían sido canalizados mediante empresas conocidas como “factureras” o empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), algunas de ellas con domicilios fiscales en Campeche y Ciudad de México. El presunto esquema habría involucrado a 12 secretarías y dependencias estatales durante un periodo de cinco años.

Las carpetas de investigación fueron integradas a partir de denuncias presentadas por organismos fiscalizadores de Campeche. Entre las dependencias donde se detectaron y documentaron presuntas irregularidades se encuentran las secretarías de Seguridad Pública, Salud, Protección Civil, Turismo y Educación, además de la Unidad de Comunicación Social y la Fiscalía General del Estado.

Los 32 ex servidores públicos, entre ellos antiguos titulares de secretarías y directores de dependencias, deberán comparecer ante las autoridades judiciales para que se determine su situación jurídica. Las investigaciones contemplan principalmente posibles delitos relacionados con peculado y otros actos de corrupción.

El caso forma parte de una investigación que ya ha derivado en detenciones. Según el reporte, 17 personas que colaboraron en el gobierno de Moreno Cárdenas y un empresario han sido detenidos y vinculados a proceso por distintos hechos; 16 enfrentan sus procedimientos en libertad y una persona permanece en prisión.

Entre los casos investigados figuran presuntos desvíos de distintas cantidades, desde cientos de miles de pesos hasta decenas de millones. Las autoridades deberán acreditar individualmente la responsabilidad de cada señalado, por lo que las acusaciones aún forman parte de procesos judiciales y no implican una sentencia definitiva.