Ciudad de México – La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró documentos que podrían aportar nuevas pruebas a la investigación por una presunta red de contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal, en la que se encuentra involucrado el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó el 26 de agosto que agentes del Ministerio Público y peritos de la FGR, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizaron cateos en dos bodegas ubicadas dentro de un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Las diligencias fueron autorizadas previamente por un juez federal.

De acuerdo con la Fiscalía, en los inmuebles fueron localizados pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos, además de documentación relacionada con otros posibles esquemas delictivos que ya son investigados. Según Godoy, el material estaba oculto y su análisis permitió identificar indicios sobre operaciones de comercio exterior de Ingemar, empresa de la que Ruffo es accionista mayoritario.

La FGR sostiene que los documentos podrían aportar información sobre una presunta simulación de operaciones y ayudar a establecer el modus operandi de la red investigada. Con estos nuevos elementos, la institución prevé abrir otras líneas de investigación para determinar la participación de las personas señaladas y el funcionamiento de la estructura financiera y comercial involucrada.

La investigación federal contempla a 25 personas presuntamente relacionadas con la red, de las cuales nueve han sido detenidas, según la información proporcionada por la Fiscalía.

Ruffo, ex gobernador de Baja California y empresario, enfrenta un proceso penal por delitos relacionados con delincuencia organizada, hidrocarburos y contrabando.

No obstante, la FGR reiteró que las personas vinculadas al proceso conservan su presunción de inocencia y derecho a la defensa.

La defensa de Ruffo ha rechazado que el exmandatario haya participado en los delitos que se le imputan y prepara recursos legales para combatir su vinculación a proceso y la medida cautelar impuesta.