Washington.- Estados Unidos acusó formalmente a los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, conocidos como “El R1” y “El R2”, respectivamente, por presuntamente participar en una conspiración para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína y metanfetamina, además de delitos relacionados con armas de fuego. La acusación fue presentada el miércoles 26 de agosto de 2026 ante un gran jurado federal del Distrito de Columbia.

El Departamento de Justicia estadounidense identifica a ambos como comandantes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán. Según la acusación, las actividades atribuidas a los hermanos se desarrollaron entre 2004 y diciembre de 2023 y tenían como objetivo introducir las drogas en Estados Unidos.

El expediente contempla el tráfico de al menos cinco kilogramos de cocaína y 500 gramos de metanfetamina, así como cargos vinculados con armas de fuego, incluida una ametralladora. Si son declarados culpables, Ramón y Rafael Álvarez Ayala podrían recibir una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y hasta dos cadenas perpetuas consecutivas cada uno.

“El Departamento de Justicia está comprometido con la eliminación total de los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales”, afirmó el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.

“Al atacar a estos comandantes regionales, damos un paso más hacia el cumplimiento de ese compromiso de erradicar el flagelo de cárteles como el CJNG”, añadió.

Cindy Marx, agente especial a cargo y subdirectora del Centro Nacional de Coordinación de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), señaló que el caso forma parte de las investigaciones dirigidas contra integrantes del CJNG.

“Cada acusación formal contra miembros de cárteles de narcotráfico, como el CJNG, envía un mensaje claro: la DEA está comprometida y enfocada en desmantelar organizaciones terroristas violentas y despiadadas”, declaró.

La investigación está a cargo de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles. El Departamento de Justicia agradeció a las autoridades mexicanas por la captura de Ramón Álvarez Ayala.

Estados Unidos designó al CJNG como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025. El proceso contra los hermanos será llevado por fiscales de la División Penal del Departamento de Justicia dentro de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), creado mediante la Orden Ejecutiva 14159, “Protegiendo al Pueblo Estadounidense Contra la Invasión”.

La acusación estadounidense se produce mientras “El R1” permanece detenido en México. Ramón Álvarez Ayala, de 44 años, fue arrestado el 30 de julio en Jalisco y se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano.

En Michoacán enfrenta un proceso por el homicidio calificado de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas. El 7 de agosto, un juez de control lo vinculó a proceso y ordenó prisión preventiva, con un periodo de tres meses para concluir la investigación complementaria.

Las autoridades mexicanas sostienen que Álvarez Ayala habría ordenado y financiado el asesinato. La investigación incluyó análisis forense de teléfonos, transferencias bancarias, declaraciones ministeriales e intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas judicialmente.

Durante una conferencia matutina del 31 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que presuntos integrantes del crimen organizado habrían considerado una “provocación” las acciones emprendidas por Manzo contra grupos delictivos, entre ellas operativos y detenciones.

Las indagatorias también señalaron a un presunto informante dentro del Ayuntamiento de Uruapan. Samuel “N”, quien laboraba en el gobierno municipal, habría entregado información sobre los movimientos del alcalde a integrantes de la célula criminal a cambio de drogas.

Además del expediente por el asesinato de Manzo, Ramón Álvarez Ayala enfrenta en México una causa federal por portación de arma de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud relacionados con la posesión de clorhidrato de metanfetamina y cocaína con fines de comercio.