La Habana.- La Fiscalía General de Cuba informó que durante 2025 y el primer semestre de 2026 se abrieron más de 460 procesos penales por delitos cometidos contra el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), en medio de la crisis de infraestructura y los apagones que enfrenta la isla.

La mayoría de las personas juzgadas en 2026 por estos hechos recibió condenas de entre nueve y 20 años de prisión, según la información oficial. Además, el 87 por ciento de los acusados quedó bajo la medida cautelar de prisión provisional.

Desde mayo de 2025, el Tribunal Supremo Popular estableció que los actos vandálicos dirigidos contra instalaciones, componentes o entidades relacionadas con el sistema eléctrico pueden ser calificados como sabotaje. El Código Penal cubano contempla para este delito penas de siete a 30 años de cárcel, prisión perpetua o, en casos extremos, la pena de muerte.

Entre las conductas investigadas figura principalmente la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores y de componentes pertenecientes a torres de alta tensión. Estos hechos acumularon más de 300 denuncias desde mayo de 2025 y los primeros meses de 2026.

Matanzas, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santiago de Cuba y Artemisa concentran el mayor número de casos reportados por las autoridades.

La Fiscalía también señaló el corte y robo de cables, alambres y tornillos de la red de distribución, así como daños en parques solares fotovoltaicos. En algunos incidentes, personas involucradas murieron al manipular instalaciones que permanecían energizadas.

Además de las penas de prisión, las autoridades pueden decomisar o confiscar bienes utilizados en la comisión de los delitos o relacionados con ellos, incluidos vehículos y maquinaria agrícola.

La electricidad se ha convertido en uno de los principales problemas de infraestructura en Cuba. La isla enfrenta desde mediados de 2024 un deterioro de su sistema de generación y distribución, situación agravada, según el reporte, por la falta de inversiones y las restricciones para importar crudo.

En cerca de dos años, el país ha registrado 12 apagones generales; siete de ellos ocurrieron durante 2026. La Fiscalía sostiene que los daños al sistema de electricidad también repercuten en servicios como el suministro de agua, las comunicaciones y el transporte.