Washington.- Christian Castro, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), quedó bajo custodia federal este jueves después de entregarse a las autoridades por presuntamente proporcionar información falsa a investigadores sobre un tiroteo ocurrido en Mineápolis, Minnesota, durante un operativo migratorio en enero de 2026.

Castro, de 52 años, enfrenta cargos federales relacionados con declaraciones que habría realizado durante la investigación del disparo contra Julio César Sosa Celis, ciudadano venezolano que resultó herido en el muslo. Una persona familiarizada con el caso confirmó la detención a The Associated Press bajo condición de anonimato, debido a que no estaba autorizada para hablar públicamente.

El caso comenzó a complicarse después de que fiscales federales retiraran las acusaciones contra Sosa Celis y otro hombre, inicialmente señalados de agredir a un agente de ICE con un palo de escoba y una pala para nieve. Grabaciones en video posteriormente pusieron en duda esa versión y llevaron a las autoridades a investigar la actuación de los agentes.

Fiscales de Minnesota sostienen que Castro disparó a través de la puerta de una vivienda y alcanzó a Sosa Celis en el muslo. Según la acusación estatal, el agente y otro integrante de ICE habían seguido hasta un dúplex de Mineápolis a Alfredo Alejandro Aljorna, quien era buscado por los agentes y vivía en el inmueble junto con Sosa Celis.

La entrega de Castro ante autoridades federales ocurrió días después de que fuera puesto en libertad. El gobernador de Texas rechazó firmar una orden para extraditarlo a Minnesota, donde enfrenta cargos independientes por agresión y por presentar una denuncia falsa relacionados con el mismo episodio.

Castro se convirtió así en el primer agente federal de inmigración procesado por el gobierno de Donald Trump por hechos vinculados con la Operación Metro Surge, desplegada en Mineápolis y St. Paul en enero.

El operativo movilizó a miles de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la zona y generó una fuerte controversia después de las muertes de los ciudadanos estadunidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales. Ambos casos provocaron cuestionamientos sobre las acciones de los elementos desplegados y derivaron en modificaciones de la operación.

La investigación contra Castro también enfrenta disputas dentro del Departamento de Justicia. A principios de esta semana, un fiscal federal comunicó a abogados de Sosa Celis y de otras víctimas que funcionarios del propio Departamento de Justicia habían impedido que presentara un cargo más grave por violaciones de derechos civiles contra el agente, de acuerdo con información publicada por ProPublica.

Hasta ahora no se ha informado si Castro cuenta con un abogado que pueda pronunciarse públicamente en su nombre.