Tlapa de Comonfort.- Un operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal dejó 71 detenidos en los municipios de Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez y Atlixtac, luego de que no pudieron acreditar su calidad como policías municipales. Además, un funcionario de Tlapa fue aprehendido por una investigación de extorsión.

Las acciones se desplegaron este jueves en comandancias de las tres localidades de la región de la Montaña de Guerrero, donde las autoridades ejecutaron órdenes de cateo. La movilización incluyó la presencia de helicópteros de distintas corporaciones.

En Chilapa de Álvarez fueron detenidos 43 presuntos integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. La Fiscalía señaló que realizaban funciones como policías preventivos, pero no pudieron demostrar que contaban con esa calidad.

Durante la intervención en esa comandancia, las autoridades localizaron además a tres personas en el área de separos. El Ministerio Público inició una investigación para determinar las circunstancias de su detención y permanencia en ese lugar.

De los 43 detenidos en Chilapa, dos son investigados por su posible participación en la privación de la libertad de las personas encontradas en los separos, por lo que continúan las diligencias ministeriales.

En Tlapa de Comonfort, las autoridades arrestaron a otras 21 personas que se encontraban desempeñando labores de seguridad o tránsito sin acreditar su condición de agentes municipales.

A este grupo se sumó Simitrio Álvarez Benito, director de Movilidad y Transporte Municipal de Tlapa, quien fue detenido mediante una orden de aprehensión por el delito de extorsión y quedó a disposición de un Juez de Control de Enjuiciamiento Penal.

El tercer punto de la operación fue Atlixtac, donde siete personas fueron detenidas mientras realizaban funciones dentro de la corporación municipal sin acreditar su calidad como policías.

Los 71 detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades de justicia estatal, que determinarán su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.