Ciudad de México – El proceso electoral de 2027 se perfila para convertirse en uno de los más costosos en la historia de México, con una bolsa de 51 mil millones de pesos solicitada por los órganos electorales federales, incluido el financiamiento público destinado a los partidos políticos nacionales.

La cifra forma parte del anteproyecto presupuestal para 2027 y todavía no es definitiva, pues deberá ser analizada y, en su caso, modificada y aprobada por la Cámara de Diputados durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación prevista para noviembre.

De acuerdo con la información presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo contempla 13 mil 453 millones de pesos específicamente para la organización de los comicios, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solicita 4 mil millones de pesos para sus funciones, entre ellas la atención de las impugnaciones que se generen durante el proceso.

El monto global también incluye el funcionamiento ordinario del INE, las prerrogativas de los partidos políticos y una partida precautoria para eventuales ejercicios de participación ciudadana.

El INE argumenta que el costo está relacionado con la magnitud de las tareas que deberá realizar. Para 2027 se proyecta una lista nominal superior a 102 millones de electores y la instalación de alrededor de 176 mil 741 casillas, unas 6 mil 738 más que en 2024.

La comparación con procesos anteriores refleja el aumento: para las elecciones intermedias de 2021 se destinaron 8 mil 168 millones de pesos a la organización electoral, mientras que en 2024, cuando estuvieron en juego la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados, fueron 9 mil 355 millones.

Además, el proceso de 2027 contempla la disputa de alrededor de 21 mil cargos de representación popular en todo el país, por lo que a la bolsa federal todavía deberán añadirse los recursos que soliciten los organismos electorales locales.

Así, los 51 mil millones de pesos representan una solicitud presupuestal, no un gasto ya aprobado. El monto final dependerá de la revisión que realice el Congreso de la Unión.