Ciudad de México – El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, defendió el desempeño del renovado Poder Judicial de la Federación (PJF) durante su primer año de funciones y aseguró que la nueva estructura ha demostrado autonomía, capacidad de respuesta y compromiso con la sociedad.

Durante el acto “Un año de justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia”, realizado este lunes en la sede de la SCJN, Aguilar sostuvo que el Poder Judicial no atiende encargos políticos ni responde a coyunturas externas, sino que tiene como obligación actuar conforme a la Constitución. Al evento asistió la presidenta Claudia Sheinbaum y los titulares de los principales órganos judiciales.

“Este año de trabajo ha servido para despejar dudas”, afirmó el ministro presidente, al señalar que el PJF es autónomo, funciona y trabaja para ofrecer resultados.

También reconoció que la transformación judicial todavía enfrenta resistencias y prácticas heredadas del pasado, por lo que llamó a jueces, magistrados y demás integrantes del sistema a profundizar los cambios.

Uno de los principales argumentos presentados para respaldar la productividad de la nueva Corte fueron sus cifras. Aguilar informó que durante el primer año ingresaron 15 mil 51 expedientes jurisdiccionales y se resolvieron 13 mil 231, equivalente a 88 por ciento. Además, señaló que de los mil 479 asuntos heredados de la anterior integración solamente permanecen 44 pendientes.

El presidente de la Corte también rechazó las críticas sobre un supuesto incremento del rezago. Sostuvo que no existe ineficiencia y que la institución atraviesa un “cambio real y verdadero”.

La actual integración de la SCJN comenzó funciones el 1 de septiembre de 2025, después de la primera elección popular de integrantes del Poder Judicial derivada de la reforma constitucional de 2024.

Junto con la nueva Corte entraron en operación el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.

El balance de Aguilar ocurre mientras el nuevo modelo judicial enfrenta el reto de demostrar que la transformación institucional puede traducirse en mayor eficiencia, transparencia e independencia en la impartición de justicia.